Este jueves vence la suspensión del impuesto a los combustibles, que no se actualiza desde 2021, y el Gobierno evalúa de qué manera aplicar esa suba por el impacto que tendrá en los precios en el surtidor e, incluso, en los índices de inflación de febrero.
El impuesto a los combustibles fue creado mediante la ley 23.966, sancionada en 1998, con el objetivo de financiar fondos de viviendas e infraestructura en todo el país. Se trata, en realidad, de dos tributos, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de Carbono, e impone montos fijos que se van actualizando en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC cada tres meses.
Hasta el cierre de esta nota, en el Ministerio de Economía aseguraban que estaban cerrando los detalles de la actualización de esos tributos, especialmente por el impacto que pueda tener en los valores de los combustibles, que desde que asumió el gobierno de Javier Milei comenzaron un proceso de actualización de sus precios que estaban atrasados por los distintos acuerdos sellados con las administraciones anteriores.
Según referentes del sector, en caso de que el Ejecutivo defina actualizar el impuesto, el impacto rondaría el 11% adicional sobre los precios actuales. Hasta ahora, el litro de nafta super en YPF en la Ciudad de Buenos Aires se vende a $699 por litro, mientras que la nafta Infinia está $862 por litro.
Asimismo, los combustibles son uno de los componentes clave que puede sumar más presión a los indicadores de inflación de febrero, momento en que el Gobierno espera que el Índice de Precios al Consumidor muestre una reducción considerable en relación con el 25,5% de diciembre.
Qué pasó en los últimos tres años con el impuesto a los combustibles
El Gobierno tomó la decisión de suspender la aplicación del impuesto desde el primer trimestre de 2021 para evitar el aumento sistemático en el precio de los combustibles en un contexto inflacionario.
Sin embargo, esa determinación se extendió en el tiempo y la última disposición oficial al respecto -que se publicó en noviembre del 2023- establecía que el congelamiento quedaría vigente hasta el 1 de febrero de 2024.
“El congelamiento en los impuestos al combustible es una medida que implica que el Estado resigna la recaudación de estos impuestos para lograr una mejor competitividad en los precios y evitar mayores costos para los ciudadanos”, justificó el Ejecutivo en esa última decisión que fue publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, el Gobierno puede “no renovar” ese congelamiento, lo cual se traducirá en un aumento de los precios de las naftas, ya que el componente impositivo suele trasladarse automáticamente a los precios.
