Cerrado el acuerdo de un “súper” Precios Cuidados, que incluye más productos, rubros y nuevos puntos de venta, ahora las alimenticias enfrentan un nuevo round con el Gobierno: la ley de etiquetado frontal.
Las empresas reclaman mayor plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley. El Gobierno les promete financiamiento.
Las compañías, nucleadas en la cámara Copal, pedirán mayor plazo para adaptarse, y a cambio, el oficialismo promete financiamiento para las readecuaciones.
Las compañías alimenticias mantienen vigente el pedido que le hacen a cada funcionario con el que se reúnen del Poder Ejecutivo: lograr mayor plazo para adaptarse al packaging con los octógonos negros que establece la ley. Así se lo hicieron saber a los legisladores del Congreso, al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Comercio Interior.
Las alimenticias afirman que el plazo para adaptarse es “corto”, debido a los cambios en el packaging, el remanente que quede sin vender en el mercado interno con la anterior etiqueta y a las dificultades para exportar a otros países. La reglamentación de la ley, publicada en marzo, establece que las grandes alimenticias tienen 9 meses para readecuarse, pero desde la sanción de la ley, en octubre del año pasado, por lo que tiene que llegar para julio en una primera etapa.
Mientras reclaman por los plazos, buscan también otro cambio: modificar las etiquetas. Es que productos que superen un umbral de determinada característica tendrán que tener el octógono negro. La queja es que superar ese umbral por poco o por mucho “hace que parezca lo mismo para el consumidor, y genera menos incentivo para intentar tener un producto cada vez más sano”, afirmaron fuentes del sector privado.
La industria le trasladó el tema hasta al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en la visita que hizo esta semana a la sede porteña de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según contaron fuentes del sector empresario presentes, Filmus les prometió que habrá financiamiento con créditos a bajas tasas para que puedan reconvertir productos o lanzar nuevos ítems más sanos. “Por más que nos den un crédito, las fórmulas de investigación y desarrollo llevan tiempo, no se hacen de un día para el otro”, se quejaron desde una multinacional.
La ley de etiquetado prevé que los productos contengan información con etiquetas que adviertan acerca de “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales” o “exceso en calorías”. En una primera etapa, las grande empresas tendrán 9 meses para sumar los sellos, y las pymes 15. Pero luego, se tendrán que sumar nuevos productos por las condiciones que establece la reglamentación, y para eso los plazos serán de entre 18 y 24 meses, según el tamaño de las empresas.
Si bien por ahora muchas de las compañías consultadas por este diario no prevén fuertes impactos en el consumo, siguen de cerca el mayor interés de los consumidores por productos sanos. Según la consultora ShopApp, el 75% de los compradores analizaría cambios si encuentra entre 1 y 3 sellos, y el impacto será mayor si consideraban que el producto era saludable.
Próximas negociaciones
La mayor molestia con la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, es por los aumentos autorizados para Precios Cuidados, de 3% mensual en promedio, lejos de lo que aseguran son “subas de costos de dos dígitos”. Ayer se puso en marcha la renovación de Precios Cuidados en los supermercados, con 400 nuevos productos, por lo que ya son más de 1.700 los que quedan regulados en las góndolas. El lunes 60 ítems de la canasta tendrán que estar en los comercios de proximidad, y también a partir de la semana que viene los supermercados deberán cumplir con la inclusión de frutas y verduras dentro de la canasta de Precios Cuidados.
Hacia adelante, más allá de la ley de etiquetado, ya sancionada por el Congreso en el 2021, buscarán evitar otra medida: el proyecto de ley que se encuentra en el congreso sobre la llamada “ley de envases”. Para las alimenticias, suma un nuevo costo a la producción, mientras que las organizaciones sociales la respaldan por considerar que puede ayudar a un sector golpeado como es el de la economía popular.
