Desde 1990, el PIB per cápita de Puerto Rico y el de Estados Unidos crecían más o menos al mismo ritmo. Pero a partir de 2004, el PIB per cápita de Puerto Rico, isla que pertenece a Estados Unidos, se estancó durante casi 10 años. Y esto tiene una razón…
Durante muchos años, los bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico gozaron de una triple exención fiscal. Los intereses estaban exentos de impuestos federales, estatales y locales en Estados Unidos, sin importar dónde residiera el tenedor del bono. Esto significaba que los inversores continentales podían comprar bonos puertorriqueños y no pagar impuestos por los intereses recibidos.
Esta ventaja fiscal incentivó a Puerto Rico a financiar sus gastos a través de la emisión de la deuda. Una práctica que se repitió durante cuatro décadas a partir de 1973. El problema es que la isla no solo emitía deuda para cubrir sus déficits presupuestarios, sino también para pagar la deuda anterior o refinanciarla a tasas de interés más altas, creando una bola de nieve de endeudamiento.
Entonces, durante gran parte del siglo XX, la economía de Puerto Rico dependía excesivamente de leyes fiscales favorables por parte del gobierno federal de Estados Unidos. Por ejemplo, una ley de 1976, diseñada para atraer inversión de empresas estadounidenses a Puerto Rico, eximía a las empresas estadounidenses que se asentaran en Puerto Rico de pagar impuestos federales sobre las ganancias obtenidas en la isla. Esta política atrajo inversión, especialmente en manufactura.
Sin embargo, en 1996, el presidente Bill Clinton firmó una ley que eliminó gradualmente durante 10 años estos beneficios para la isla. De forma que el fin de estos subsidios en 2006 provocó que muchas empresas abandonaran Puerto Rico, lo que llevó a una fuerte desaceleración económica, como lo vimos en la gráfica del inicio, y a una disminución drástica de los ingresos fiscales. Pero como si esto no fuera suficiente, la recesión de 2008 en Estados Unidos y los huracanes Irma y María, que impactaron la isla, terminaron de hundir la economía
de Puerto Rico, generando dudas sobre la capacidad de Puerto Rico de pagar su deuda.
Y efectivamente, en 2016, Puerto Rico no pudo responder por sus deudas que ascendían a más de 70.000 millones de dólares en bonos y 55.000 millones en pasivos de pensiones. Por eso, el Congreso de Estados Unidos tuvo que aprobar en 2016 una ley para iniciar el proceso de bancarrota, el cual logró reducir la deuda de los más de 70.000 millones de dólares a unos 37.000. Luego de esta reestructuración de la deuda, la economía puertorriqueña finalmente comenzó a mostrar señales de crecimiento sostenido a partir de 2021. Además, el desempleo cayó, regresaron los turistas luego de la pandemia y algunas industrias comenzaron a respirar de nuevo.
Y ahora Puerto Rico quiere aprovechar el momento ofreciendo incentivos fiscales para atraer capital extranjero, renovar zonas urbanas con desarrollo de lujo, impulsar el turismo internacional y transformar un territorio rezagado en un imán para el dinero global. Es decir, Puerto Rico le estaba apostando a un renacer al estilo Miami. Resulta que Miami en los 80s no era la ciudad dinámica y lujosa que conocemos hoy.
En realidad acababa de salir de una crisis social y económica profunda. La ciudad enfrentaba una alta tasa de criminalidad, problemas de narcotráfico, tensiones raciales y una infraestructura urbana deteriorada. Pero justo en ese momento crítico ocurrió algo inesperado.
Una avalancha de capital extranjero, sobre todo latinoamericano, comenzó a llegar a la ciudad. Empresarios venezolanos, colombianos, argentinos y cubanos, huyendo de la inestabilidad de sus países, comenzaron a ver en Miami un refugio económico, legal y financiero. Compraban propiedades a precios muy bajos, abrían negocios e invertían en bienes raíces.
Al mismo tiempo, el gobierno local y estatal incentivaba estas inversiones con políticas fiscales amigables. La transformación fue rápida. Barrios enteros que antes eran marginales como Brickell o Wynwood empezaron a llenarse de rascacielos, oficinas, hoteles y restaurantes.
La ciudad pasó de ser solo un punto turístico costero a convertirse en un centro financiero regional, una plataforma logística y un imán para el capital internacional. En otras palabras, lo que había sido una ciudad secundaria se convirtió en menos de dos décadas en una de las ciudades más dinámicas de Estados Unidos. Y ahora que Puerto Rico enfrenta un punto de inflexión, después de una larga crisis, infraestructura destruida, casas abandonadas y precios relativamente bajos en algunas zonas, algunos ven la isla como una versión caribeña del Miami de los 80s.
En 2016, el inversionista John Paulson afirmó que Puerto Rico se parece mucho a la Miami de los 80s, con propiedades devaluadas, activos subutilizados y un marco legal propicio para hacer grandes negocios. Desde entonces, esa visión ha sido repetida por medios financieros que destacan como la combinación de precios relativamente bajos, incentivos fiscales agresivos y zonas aún no desarrolladas convierten a Puerto Rico en una oportunidad de inversión como lo fue Miami en el pasado. Y la mayor herramienta que tiene Puerto Rico para atraer inversión es la Ley 60, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, que fue promulgada en 2019 por el entonces gobernador Leonardo Rosselló Nevares.
Su propósito fue crear incentivos fiscales y financieros como bajos impuestos y exenciones fiscales para sectores estratégicos como la manufactura, la tecnología, la agricultura, el turismo y los servicios financieros. Por ejemplo, esta ley permite a los nuevos residentes estadounidenses en Puerto Rico pagar cero impuestos federales sobre sus ganancias de capital y dividendos, siempre y cuando establezcan su residencia fiscal en la isla. El propio John
Paulson invirtió más de 1.500 millones de dólares en hoteles y bienes raíces de lujo.
Por otro lado, las empresas que se instalen en la isla y vendan servicios al exterior como consultorías, software o contenido digital, el impuesto sobre la renta se reduce al 4%. De igual forma, marcas hoteleras como Marriott, Ritz Carlton y Wingham están invirtiendo cientos de millones en renovaciones y construcción de hoteles de alta gama. Pero a pesar de estos y otros casos puntuales, como la llegada de Carillon Global Solutions, Cooper Vision y ProDapt, llama la atención que aunque la Ley 60 fue diseñada para atraer inversión y crear empleo, en la práctica la mayoría de nuevos residentes fiscales son individuos de altos ingresos que trasladan su domicilio personal y registran empresas de papel para beneficiarse del régimen fiscal, sin necesariamente crear empleo local.
Eventos como Crypto Mondays y Puerto Rico Blockchain Week han posicionado a San Juan, la capital, como lugar amigable con las criptomonedas, lo cual no tiene nada de malo. El punto es que no están llegando industrias manufactureras ni fábricas que creen empleos, entonces más bien Puerto Rico se ha convertido en una especie de paraíso fiscal dentro del territorio estadounidense. De manera que la principal diferencia entre la Miami de los 80 y Puerto Rico es que en Miami los inversionistas latinoamericanos buscaban estabilidad y entorno seguro para
sus negocios, mientras que en Puerto Rico muchos inversionistas no necesariamente buscan integrarse en la economía local.
Por eso en algunas zonas de San Juan se están acumulando hoteles y proyectos de lujo, boutiques y cafés para nómadas digitales y traders. Por lo tanto, la ley 60 es un intento necesario y razonable para atraer inversión extranjera. Sin embargo, Puerto Rico sigue teniendo básicamente tres problemas que limitan su potencial, su autonomía y elevan el costo de vida.
El primero es la fragilidad de la red eléctrica y los altos costos energéticos. Puerto Rico tiene uno de los costos de electricidad más altos de Estados Unidos, un 41% mayor al promedio nacional. La red eléctrica en la isla es frágil y sufre frecuentes interrupciones, lo que desalienta la inversión y afecta la calidad de vida.
El segundo problema es el impacto de la ley Jones y la dependencia de las importaciones. La ley Jones exige que los bienes transportados entre puertos de Estados Unidos, incluido Puerto Rico, se realicen en barcos de bandera estadounidense y tripulación, construcción y propiedad estadounidense. De modo que las restricciones de la ley Jones limitan la competencia en el transporte marítimo, lo que resulta en tarifas más altas.
Es decir, esta ley termina aumentando mucho el costo de vida en la isla. Y tercero, la población de Puerto Rico se está reduciendo. Desde 2010 hasta 2023, la isla había perdido 520 mil habitantes, lo que representa una disminución del 14% del total de sus 3.7 millones de habitantes.
Pero eso no es todo. Su población también envejece rápidamente. Para 2030, casi el 30% de los residentes serán mayores de 65 años.
Además, hay una fuga de cerebros. Dado que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, no necesitan visa ni pasaporte para establecerse en Estados Unidos continental. Y se van sobre todo por la falta de empleos y bajos salarios, por la inseguridad energética y sanitaria y por mejores oportunidades educativas para sus hijos.
Toda esta migración debilita el mercado laboral y los ingresos fiscales de la isla. Por lo tanto, esos problemas son estructurales y parece que sólo con incentivos fiscales no se solucionan. Adicionalmente, la dependencia de fondos federales y la falta de control sobre su propia política comercial perpetúan un ciclo de dependencia del gobierno federal.
Por ahora, el debate eterno continúa si Puerto Rico se debe independizar de Estados Unidos. Para una parte de los puertorriqueños, la independencia es la única forma de obtener soberanía fiscal para que Puerto Rico pueda implementar políticas a largo plazo, recaudar sus propios ingresos y eliminar la dependencia de los vaivenes de los políticos de Washington.
