El oficialismo en el Senado de la Nación aprobó este jueves la iniciativa del senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, para crear un fondo para pagar la deuda contraída con el FMI, con dólares provenientes de la fuga. La norma recibió 37 votos afirmativos y 31 negativos y ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde deberán tejerse acuerdos para su sanción definitiva, ante un número más desfavorable para el Frente de Todos.
El Frente de Todos contó con el apoyo de dos de sus aliados, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana, Clara Vega; mientras que la cordobesa, Alejandra Vigo votó, junto a la oposición.
El interbloque opositor de Juntos por el Cambio prestó conformidad para dar quórum pero manifestó su desacuerdo con la propuesta sobre la deuda, a la que calificó como "un blanqueo encubierto". Además, sostuvieron que en la actualidad ya existen mecanismos para combatir la fuga.
El senador oficialista, Oscar Parrilli, autor del proyecto, pidió a la oposición acompañar con su voto. "Nosotros estamos humildemente tratando de buscarle una solución a la Argentina. Cualquiera pueda ganar en 2023 y se va a encontrar con este escenario", indicó.
Además, agregó que “está claro que la intención no es recaudar, ni crear un impuesto, nuestro objetivo es cancelar totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y para eso creamos esta herramienta liberando a los argentinos del pago de esa deuda”.
Como miembro informante del Frente de Todos, el senador Daniel Bensusán explicó los principales lineamientos de la iniciativa y sostuvo que no es cierto que se trate de "un blanqueo", sino que "implica evitar que los contribuyentes paguen la millonaria deuda" contraída y que "la paguen y hagan aportes quienes se beneficiaron" con la fuga de capitales.
El legislador describió la "crítica situación" en que quedó el país tras "el mayor crédito otorgado en la historia del organismo (por el FMI) en condiciones -dijo- imposibles de cumplir a la Argentina".
De qué se trata el proyecto
El proyecto apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subiría del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril.Por otra parte, la iniciativa estipula la creación de la figura del "colaborador", que será "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos".
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
Según se explicó, quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de recibir una sanción penal.