La Resolución General 5761/2025 exige a los exportadores declarar en el Sistema Informático Malvina (SIM) que liquidarán al menos el 90% de las divisas en un plazo de tres días hábiles. Sin embargo, el beneficio fiscal no se traduce en alivio para los productores, que enfrentan un encarecimiento inmediato del alimento para animales, insumos y logística.
La quita de retenciones encarece el maíz y la soja, base de la alimentación animal, lo que impactará en los próximos días en el precio de la carne, el pollo y el aceite. El traslado a góndola será inevitable, afectando el bolsillo de millones de argentinos que ya enfrentan una inflación persistente.
Productores ganaderos y avícolas expresaron su malestar: el beneficio de la medida no se distribuye en la cadena productiva, sino que queda concentrado en los grandes terratenientes que alquilan la tierra. “Nos suben los costos, pero los que ganan son los dueños del campo”, denuncian desde entidades rurales.
El decreto, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, refuerza el sesgo de un modelo económico que prioriza la renta financiera y la especulación exportadora por sobre el consumo interno. La desregulación tributaria se presenta como modernización, pero en la práctica profundiza la desigualdad.
La medida se suma a otras decisiones similares que favorecen a sectores concentrados, como la eliminación de retenciones a granos y subproductos. Mientras tanto, el gobierno posterga políticas de protección al consumidor y control de precios, en un contexto de caída del poder adquisitivo.
Con esta reglamentación, el Estado renuncia a ingresos fiscales clave, sin garantizar que el beneficio se traduzca en inversión o empleo. El resultado: más presión sobre los alimentos, más concentración de riqueza y menos herramientas para sostener el tejido productivo nacional.
Redacción Diario Inclusión
