El ex rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Daniel Hoyos, se pronunció este viernes sobre la polémica generada tras conocerse que el actual rector, Miguel Nina, y el ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, fueron beneficiados con becas destinadas a estudios de posgrado. Si bien aclaró que el otorgamiento “no es ilegal”, remarcó que la decisión “choca con la ética y con la responsabilidad institucional”.
En declaraciones a FM La Plaza, Hoyos expresó que, en su paso por la gestión universitaria, decidió no completar su propio doctorado para evitar conflictos de interés. “Yo antes de ser autoridad realicé un doctorado en la universidad. Cuando comencé a ocupar cargos, ya tenía la tesis presentada, pero no la rendí porque me dio muchísima vergüenza que yo o mi segundo tuviéramos que firmar mi título”, recordó.
Sostuvo que esta experiencia personal le otorga legitimidad para cuestionar la situación actual: “Creo que eso me habilita para decir que esto no me gusta. Es una responsabilidad ética que uno tiene con la comunidad”.
Hoyos señaló que el contexto que atraviesa la UNSa —marcado por recortes en el financiamiento, disminución de la matrícula estudiantil y un clima general de preocupación— vuelve aún más inoportuno que las principales autoridades accedan a beneficios académicos. “Que en esa situación al rector le otorguen una beca no me parece bien”, afirmó.
El ex rector también destacó que, en la práctica, muchos de los becados pertenecen a perfiles con cargos relevantes o trayectorias consolidadas, lo que desplaza oportunidades para jóvenes investigadores y docentes. En este sentido, cuestionó que la comisión evaluadora haya priorizado perfiles jerárquicos: “La mayor parte de la gente que accede a estas becas son personas grandes o con cargos importantes. Creo que la comisión no tuvo una idea clara de qué era lo más conveniente”.
Además, remarcó que Roberto Dib Ashur, actual ministro de Economía, fue seleccionado como suplente para la misma beca y consideró que tanto él como Nina deberían haber rechazado el beneficio. “Por decoro deberían decir: ‘no voy a aceptar esto’. Está muy bien que quieran ser doctores, pero hay que darle lugar a los jóvenes. La universidad necesita que en diez años todos sus docentes sean doctores”, concluyó.
La controversia abrió un debate puertas adentro de la comunidad universitaria, donde diversas voces manifestaron su disconformidad y reclamaron mayor transparencia y sensibilidad institucional al momento de asignar recursos académicos.
Redacción Diario Inclusión
