El Gobierno nacional presentó el Presupuesto 2026 con una asignación de 4,785 billones de pesos para el conjunto de las universidades públicas. Aunque implica un incremento respecto del año anterior, las autoridades académicas sostienen que el monto está lejos de los 7,2 billones que requieren para garantizar salarios, funcionamiento e inversión mínima.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que el presupuesto propuesto equivale prácticamente al del año anterior en términos reales y consolida un proceso de ajuste que impacta directamente en el normal desarrollo académico y científico.
La ley de financiamiento, sancionada pero sin vigencia
El punto más conflictivo del debate es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada parcialmente, pero suspendida por los decretos 759/2025 y 760/2025. El Ejecutivo sostiene que la norma no puede aplicarse hasta que el Legislativo determine con claridad las fuentes específicas de financiamiento.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmaron que el sistema universitario tendrá un “aumento real del 7 %” y que no habrá cierres de instituciones ni despidos, aunque las universidades insisten en que sin la aplicación plena de la ley no existe previsibilidad ni sostenibilidad financiera.
Universidades en alerta: reclamos y acciones judiciales
El malestar en el sector es generalizado. El Plenario de Rectoras y Rectores del CIN resolvió iniciar acciones judiciales para exigir la ejecución de la ley. La Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional del Sur (UNS) y otras instituciones ya aprobaron resoluciones internas para avanzar en demandas formales ante la Justicia.
Las universidades sostienen que la suspensión de la ley implica “una alteración del orden institucional”, afecta la autonomía de las casas de estudio y vulnera la división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada e insistida por el Congreso.
Más controles y nuevas obligaciones
El Presupuesto 2026 incorpora, además, un esquema más estricto de rendición de cuentas. Las universidades deberán presentar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias planes detallados de ejecución de fondos, clasificar su presupuesto bajo nuevas categorías funcionales y cumplir con reportes periódicos. El Ministerio de Educación queda facultado para suspender transferencias si detecta incumplimientos.
Un conflicto que escala
La tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario crece en un contexto en el que también se suspendieron otras normas educativas clave, como la ley de financiamiento docente y las metas obligatorias de inversión en ciencia y tecnología.
Mientras el Gobierno defiende su estrategia fiscal y sostiene que el incremento presupuestario es suficiente, las universidades remarcan que sin la ley de financiamiento vigente no existe un marco estable que permita planificar salarios, investigación, becas ni infraestructura.
El debate por el Presupuesto 2026 promete intensificarse en el Congreso, mientras el sistema universitario se prepara para una nueva etapa de movilización y judicialización.
Redacción: Diario Inclusión.
