El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir las penas del ultraderechista Jair Bolsonaro, su antecesor en la presidencia condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.
El anuncio fue hecho durante un acto en el Palacio de Planalto, al conmemorarse tres años de los ataques perpetrados por partidarios de Bolsonaro que, descontentos con los resultados electorales, irrumpieron en el Congreso Nacional, la sede del Ejecutivo y el Supremo Tribunal Federal (STF). “Todos tuvieron un amplio derecho a la defensa, fueron juzgados con transparencia e imparcialidad. Y, al final del juicio, fueron condenados con base en pruebas contundentes, y no en una serie de ilegalidades, meras condenas o presentaciones falsas de PowerPoint”, enfatizó Lula, acompañado de algunos miembros del Ejecutivo, en declaraciones recogidas por Agência Brasil.
El mandatario felicitó a la Corte Suprema por su conducta durante todo el proceso de juzgamiento, al que calificó como intachable “La Corte Juzgó y condenó con estricto apego a la ley. No cedió a presiones ni se dejó intimidar por amenazas. No se dejó llevar por la venganza. Salió fortalecida. Su conducta, sin duda, será recordada por la historia”, sostuvo. “Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. En nombre del futuro, no tenemos derecho a olvidar el pasado hoy. Por lo tanto, no aceptamos ni la dictadura civil ni la dictadura militar. Lo que queremos es una democracia que emane del pueblo y se ejerza en nombre del pueblo”, subrayó, citando al poeta hispanoamericano George Santayana.
“La democracia exige participación”
El líder progresista dijo que el 8 de enero de 2023 quedó marcado en la historia del país como el día de la victoria de la democracia sobre los que intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad expresada en las urnas. Sin embargo, aclaró que el intento de golpe de Estado es un recordatorio de que la democracia no es un logro inquebrantable.
“La democracia siempre será un trabajo en progreso, constantemente amenazada por aspirantes a dictadores, tanto antiguos como nuevos. Por eso, debe ser valorada y defendida con determinación día tras día”, declaró. “La democracia es más que una palabra elegante del diccionario, significa trabajar por un país más justo y menos desigual, con más derechos y menos privilegios”, resaltó.
“La democracia es algo más que el deseo y el derecho de votar en las elecciones y luego guardar la tarjeta electoral durante los siguientes cuatro años. La democracia exige la participación activa de la sociedad en las decisiones de gobierno”, detalló el mandatario progresista. “Quizás la prueba más convincente de la solidez de la democracia brasileña sea el juicio de los golpistas por el Supremo Tribunal Federal (STF)”, agregó.
Al finalizar, los asistentes corearon al grito de “¡Sin amnistía!” para los condenados por golpismo. El mandatario brasileño luego bajó por la rampa del Palacio del Planalto a saludar a cientos de simpatizantes congregados desde la mañana. Con el veto, el proyecto de ley n.º 2.162 de 2023, más conocido como Ley de Sentencias, regresa al Congreso tras su aprobación en diciembre. Sin embargo, el Parlamento, de mayoría conservadora, podría eliminar el veto mediante una votación.
El detalle de la ley
El proyecto de ley vetado contiene medidas que benefician directamente a la cúpula del movimiento golpista; entre ellas impide la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, al considerarlos tipos penales similares, aplicando la pena más grave, lo que reduce significativamente los años de condena. Asimismo, la propuesta plantea reducir hasta en dos tercios las penas cuando los crímenes fueran practicados como parte de una multitud, como sucedió en el asalto del 8 de enero de 2023, y permite una progresión más rápida al régimen semiabierto tras cumplir apenas una sexta parte de la condena.
Bajo estos criterios, el expresidente Jair Bolsonaro podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años. No obstante, aún estarían obligados a dormir en la cárcel y a pasar los fines de semana recluidos durante el tiempo que establezca la Justicia. Entre los alcanzados por esa eventual flexibilización también figuran otros juzgados como el excomandante de la Marina, Almir Garnier; el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira; el exministro de la Casa Civil, Walter Braga Netto; y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), Augusto Heleno.
En septiembre pasado, tras un juicio histórico, el examandatario fue condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema, tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma autoritaria tras su derrota ante Lula en 2022. El ultraderechista, de 70 años, cumple su condena desde finales de noviembre y este mes la corte suprema rechazó un pedido de prisión domiciliaria por motivos de salud. Según la norma vigente, debería permanecer encarcelado aproximadamente ocho años antes de poder optar a una flexibilización de la pena.
Bolsonaro se encuentra recluido desde noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia, de donde ha salido dos veces por cuestiones de salud. Estuvo por más de una semana hospitalizado para una cirugía de hernia inguinal, y luego de golpearse la cabeza durante una caída en prisión, se sometió a exámenes que descartaron lesiones. El expresidente sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, que requirió varias cirugías importantes. Ya inhabilitado para postularse a un cargo público antes de su juicio, el excapitán del ejército siempre ha negado cualquier intento de golpe de Estado y ha denunciado que todo se trata de una persecución política.
Del mismo modo, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, denunció en una publicación en su cuenta de la red social X una persecución política descartada, selectiva e injusta contras su padre y prometió derrumbar el veto en el Congreso.
Más de 800 condenas
Mientras tanto, la Corte Suprema de Brasil ya ha condenado a más de 800 personas acusadas de participar en actos que atentaron contra la democracia brasileña y el funcionamiento de las instituciones al final del gobierno de Bolsonaro. Los datos, que podrían actualizarse, abarcan hasta mediados de diciembre de 2025 y fueron recopilados por la oficina del juez Alexandre de Moraes, quien es el relator de los casos relacionados con el intento de golpe ante la máxima corte.
Tras los actos golpistas, la Fiscalía General presentó 1.734 denuncias ante el tribunal supremo. Los cargos se dividieron entre incitadores, ejecutores y cuatro grupos principales que apoyaron el intento de Bolsonaro de subvertir el orden democrático y mantenerse en el poder después de perder las elecciones. El grupo más numeroso de condenados es el de incitadores y perpetradores del golpe. En este grupo hubo 810 condenas: 395 por organización criminal, tentativa de abolir el Estado democrático de derecho y golpe de Estado, y 415 por incitación a delinquir y asociación para delinquir, delitos considerados más leves.
