La popularidad de gobierno del presidente Emmanuel Macron atraviesa en Francia su momento más bajo desde su primera elección en 2017. Un sondeo de Ifop publicado este domingo por el diario Le Journal du Dimanche revela que sólo un 17% de los franceses tiene una imagen favorable del presidente.
Casi en simultáneo el diario conservador Le Figaro da a conocer este sábado que hubo llamadas secretas de Macron para tratar de favorecer al partido político de extrema derecha Agrupamiento Nacional (RN por sus siglas en francés) frente a la fuerza de izquierda La Francia Insumisa (LFI) durante la campaña electoral para las legislativas anticipadas del año pasado.
Según Wally Bordas, el corresponsal de Le Figaro en la Asamblea Nacional, Macron intentó secretamente hacer fracasar el Frente Republicano, del que hacía parte su propio primer ministro de la época, Gabriel Attal. Dicho frente político había acordado que si había tres candidatos con chances en un distrito electoral en la segunda vuelta, el candidato del Frente que saldría tercero según las encuestas renunciaba para dar más oportunidades al que se enfrentara al candidato de extrema derecha y no dividir el voto republicano. “Emmanuel Macron quería una mayoría de RN. Él se sorprendió por la magnitud que cobró el Frente Republicano”, confirman desde el entorno presidencial, según Le Figaro.
Esta última revelación golpea aún más la maltrecha imagen de Macron, en un momento político particularmente inestable y a menos de dos años de la próxima elección presidencial. Un momento en que viene ganando impulso la protesta en las calles contra la política de recortes.
Ultimátum de los sindicatos
Ocho días después de la movilización del 10 de septiembre que abarcó toda Francia, convocada por el movimiento de ciudadanos indignados, Bloqueemos Todo, se repitió la escena durante la jornada de huelga general convocada por la intersindical, integrada por las ocho centrales sindicales del país galo. El jueves 18 de septiembre se movilizaron más de 1 millón de personas según la Central General de Trabajadores, CGT, contra las políticas de ajuste del gobierno y a favor de una mayor justicia fiscal. El anterior primer ministro François Bayrou, proyectaba un presupuesto con recortes que perjudicaban al conjunto de los servicios públicos, a los salarios y los derechos laborales. Su sucesor, Sébastien Lecornu, que asumió su cargo de primer ministro el 9 de septiembre, tan sólo ha descartado la supresión de dos días feriados, sin hablar sobre el resto de las propuestas que planeaba ejecutar Bayrou y que son rechazadas por la intersindical, el movimiento ciudadano Bloqueemos Todo y los partidos políticos de izquierda.
Al finalizar la huelga y movilización del 18 de septiembre, Lecornu anunció que iba a recibir nuevamente a los representantes sindicales para abordar las reivindicaciones expresadas por la intersindical y los manifestantes. Esta invitación fue vista por parte de algunos sindicalistas como una acción para ganar tiempo y una tentativa de dividir al frente unido sindical.
El viernes 19 de septiembre se reunió en la mañana la intersindical y llegó la respuesta al convite de Lecornu en boca del secretario confederal de la CGT, Thomas Vacheron, lanzando un “ultimátum” donde los sindicalistas exigieron entre otras medidas el abandono del plan de ajuste, de los aumentos de los gastos médicos a cargo de los enfermos, medidas de justicia fiscal y la derogación del decreto ley que impuso el repudiado aumento de la edad de la jubilación de 62 a 64 años en 2023. El comunicado de la intersindical sostiene que ahora “la pelota está en el campo del primer ministro” y que si para el miércoles 24 de septiembre no hay respuesta a estas reivindicaciones, los sindicatos se reunirán para organizar nuevas jornadas de huelga y movilización.
No obstante luego del ultimátum, según la agencia de noticias francesa AFP, citando fuentes sindicales, Lecornu insiste en reunirse con la intersindical el mismo 24 de septiembre a las 10 de la mañana.
Justicia fiscal
Unos de los temas que recobró fuerza en el debate público a la luz de estas movilizaciones y reclamos de justicia fiscal, ha sido el célebre “impuesto Zucman”, por la propuesta del economista Gabriel Zucman de gravar con un impuesto del 2% a los patrimonios que superen los 100 millones de euros. Esta medida afectaría a 1800 personas sobre 67 millones de habitantes que tiene Francia y permitiría recaudar 20 mil millones de euros al año, según el economista francés. La propuesta del impuesto Zucman fue presentada este año por el grupo de diputados ecologistas y aprobada por la Asamblea Nacional, pero se encontró con el rechazo del senado y criticada por el gobierno de Bayrou, por considerarla “inconstitucional” y que desalentaría las inversiones. No obstante, una encuesta encargada por el Partido Socialista revela que el 86% de los franceses es favorable al impuesto Zucman.
Zucman, también profesor en la universidad de Berkeley, justifica la necesidad de medidas de justicia fiscal en base al proceso de concentración de riquezas en los últimos 30 años, con el dato ofrecido por el semanario económico francés Challenges que muestra que las 500 primeras fortunas de Francia tenían en 1996 el 6,4% del PBI y hoy poseen el 42% del total de la riqueza nacional.
El reclamo de mayor justicia fiscal muy presente en la jornada de huelga general, provoca el rechazo del hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, propietario del conglomerado de lujo LVMH, quien en una declaración dada este sábado al diario británico The Sunday Times, calificó a Zucman de “militante de extrema izquierda” y sostuvo la idea de que “un impuesto sobre los ricos destruiría nuestra economía”.
La respuesta de Zucman no se hizo esperar y en la red social X, dirigiéndose al propietario de Louis Vuitton, lo acusa de calumniarlo dado que nunca militó en ningún partido o movimiento político, sino que sus propuestas se basan en estudios económicos que realiza desde hace más de 17 años en el ámbito académico. También acusa al magnate de hacer una “oposición caricatural a nuestros principios fundamentales de igualdad, consagrados en nuestra constitución”, y termina diciendo que “más allá de lo que usted piense: ha llegado el momento de someter a los millonarios a un tipo impositivo mínimo”.
Esta polémica, rápidamente replicada en los medios de comunicación franceses, no ayuda al gobierno que quiere pasar por alto la discusión sobre la justicia fiscal, y centrar el debate en la deuda pública y en la única solución que propone, el ajuste presupuestario.
Pronóstico reservado
Lo que la situación política actual refleja es la debilidad del primer ministro que todavía no ha constituido su gobierno y se encuentra como un boxeador que acaba de subir al ring y ya ha recibido dos golpes al mentón de la cólera popular, primero con la movilización de indignados del 10 de septiembre y luego la huelga general del 18 de septiembre.
El actual estado de movilización, asambleas populares y huelgas traduce el auge de las luchas contra el neoliberalismo en Francia, que durante la presidencia de Macron arrancó con los chalecos amarillos en 2018, continuó con las inmensas movilizaciones de millones de personas en 2023 contra el aumento de la edad jubilatoria, finalmente impuesta por decreto. Los sindicatos hablan de un cambio en la correlación de fuerzas, y es cierto que se ha logrado la caída de dos gobiernos en menos de un año, los de Barnier y Bayrou que intentaron aplicar recortes presupuestarios drásticos, pero el rechazo popular a la ofensiva neoliberal los eyectó de sus puestos al ser censurados por la Asamblea Nacional.
El desgastado gobierno de Macron intenta proseguir con las mismas políticas a través de un nuevo primer ministro que viene de su círculo íntimo, pero que llega con todo en contra. En marzo del año que viene hay elecciones municipales, lo que fortalece la idea en los partidos políticos de despegarse de un gobierno impopular para mostrarse como alternativa electoral. Por otra parte, la sensación de que el gobierno no escucha a las múltiples señales sociales de rechazo al modelo económico que impulsa el macronismo, tanto la derrota electoral en las elecciones legislativas anticipadas del año pasado, como las numerosas movilizaciones y huelgas parecen ser ignoradas por completo desde el Elíseo, lo que eleva la tensión social ante la sordera democrática del gobierno.
Lecornu se encuentra en una encrucijada, si hace concesiones a la izquierda fijando nuevos impuestos a los ultrarricos, tendrá la resistencia de parte de su propio campo político, de la extrema derecha y los empresarios; y a la inversa si impulsa una agenda que favorezca aun más al capital concentrado, se encontrará con la revitalizada contestación sindical, social y de los partidos políticos de izquierda. En todos los casos el pronóstico muestra al gobierno de Lecornu en una situación delicada y con un alto porcentaje de posibilidades de caer cuando la Asamblea Nacional, donde ningún grupo político tiene mayoría, deba tratar en octubre el proyecto de presupuesto que proponga el primer ministro.
