Defensores de derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la crisis carcelaria en Ecuador y pidieron acciones «efectivas y transparentes» en el país para solucionar la situación. Los militares tomaron control de las cárceles del país en enero pasado cuando, en medio de una creciente ola de violencia, el presidente Daniel Noboa declaró el «conflicto armado interno» contra 22 grupos criminales, a los que pasó a llamar «terroristas».
Más de 600 víctimas intramuros
El pedido de las organizaciones fue realizado en el marco del 190 periodo de sesiones de la CIDH, donde se llevó a cabo la audiencia temática «Ecuador: derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria». Durante la sesión expertos y defensores de derechos humanos discutieron la grave situación en los centros penitenciarios del país, resaltando lo que consideran «deficiencias sistémicas y persistentes violaciones de derechos fundamentales».
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, mencionó que, en los últimos años, la falta de control estatal, la superpoblación y las condiciones deficientes facilitaron la violencia intramuros, «permitiendo que las pandillas cometan crímenes atroces que suman más de 600 víctimas mortales». Para Goebertus, la respuesta estatal ante la crisis fue «inadecuada y tardía».
La directora de Human Rights Watch expresó su preocupación en la medida en que «el control interno, lo mismo que la tortura y los malos tratos, pasaron de manos del crimen organizado a manos de personal militar». En un informe presentado en mayo la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 fallecimientos de presos en distintas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura.
Mayor presupuesto y transparencia
En su presentación ante la CIDH, la directora nacional del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura, Gabriela Hidalgo, comentó que las reducciones presupuestarias limitaron las capacidades de su institución para prevenir la tortura en contextos de encierro penitenciario y formar en derechos humanos a distintas instancias. «Entre 2019 y 2024 el monto asignado para visitas a centros carcelarios y trabajo de prevención de la tortura se ha reducido en un 82 por ciento», aseguró Hidalgo.
Ignacio Boulin, socio de Southern Lights Group y abogado de víctimas de las masacres carcelarias, destacó la necesidad de transparencia y gestión administrativa eficaz para resolver la crisis, y propuso transparentar la situación carcelaria a través de un sitio web de carácter informativo, de acceso libre y en tiempo real.
La directora de Iniciativas para la Reintegración, María Amelia Espinosa, apeló a la corresponsabilidad de la ciudadanía en el contexto carcelario. «Las personas detenidas tienen derecho a crear itinerarios personales y profesionales que les inspiren y les permitan integrarse sociolaboralmente. Debemos entender que, al acortar las brechas de igualdad, aportamos a la reducción de la reincidencia y reclutamiento criminal, y necesariamente a la mejora de la seguridad, que ha caído en un paradigma obsoleto de control», dijo Espinosa.
En la audiencia, en la que se informó sobre el impacto «devastador de las masacres carcelarias» en las familias de los reos, se destacó la urgencia de adoptar medidas efectivas y transparentes para abordar la crisis carcelaria en Ecuador, asegurando el respeto y protección de los derechos de los presos.
Violencia contra las clases populares
La semana pasada la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó un informe sobre los excesos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas en Ecuador durante el primer trimestre de 2024, llegando a enumerar un total de 45 casos de posibles violaciones de derechos humanos. La presidenta de Inredh, Verónica Yuquilema, detalló que la mayoría de los casos responde a «clases populares que han sido humilladas, maltratadas y han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales».
Yuquilema aseguró que pese a la «crisis de inseguridad» que se vive en Ecuador, no se puede categorizar esta situación de conflicto armado interno. «Esto responde a la línea política que el actual gobierno y los gobiernos anteriores han venido manejando dentro de nuestro país», aseguró la titular de Inredh, quien agregó: «Esta política está anclada a una idea de necropolítica y de necrocapitalismo, en donde especialmente quienes están bajo el umbral de la pobreza son los únicos sectores atacados».
Para Yuquilema a Ecuador le espera «una situación como El Salvador con el gobierno de (Nayib) Bukele». La investigadora llamó a controlar el sistema bancario e inmobiliario, donde aseguró que «existe un lavado de dinero por parte de estos grupos delincuenciales», pero también insistió en la urgencia de invertir en políticas sociales «que son elementos centrales para que estos grupos armados de delincuencia no incidan más en el tejido social».
Ante la lluvia de denuncias, el gobierno de Daniel Noboa reforzó su respaldo a la policía y a las Fuerzas Armadas y criticó a organizaciones como Human Rights Watch que denunciaron en el escenario internacional estos presuntos excesos de las fuerzas del orden.
