Estados Unidos atraviesa una silenciosa pero profunda transformación económica. Lejos de los debates públicos y titulares, el gobierno federal ha comenzado a invertir directamente en empresas privadas estratégicas, marcando un giro histórico hacia un modelo de “capitalismo de Estado”.
El Departamento del Interior y el Pentágono ya adquirieron participaciones en compañías clave como Trilogy Metals, Intel, MP Materials y Lithium Americas, con el objetivo de asegurar el suministro de minerales críticos, semiconductores y litio, pilares de la tecnología y la defensa del siglo XXI.
Según el informe, Washington destinó 35,6 millones de dólares a Trilogy Metals, lo que le otorga cerca del 10% de la minera con posibilidad de ampliar su participación. En el caso de Intel, la inversión asciende a 8.900 millones de dólares, mientras que el Departamento de Defensa destinó 400 millones a MP Materials y el de Energía aseguró su derecho a adquirir hasta un 10% de la minera Lithium Americas, en Nevada.
Un nuevo papel para el Estado
El cambio implica que el gobierno ya no se limita a regular el mercado: ahora participa activamente como accionista. En algunos casos, incluso garantiza precios mínimos a las empresas —como los 110 dólares por kilo para las tierras raras durante la próxima década—, eliminando riesgos de mercado y asegurando ganancias sostenidas.
Especialistas señalan que esta estrategia copia el modelo económico de China, donde el Estado impulsa y controla los sectores considerados críticos para la seguridad nacional. El movimiento busca frenar la dependencia estadounidense de cadenas de suministro dominadas por Pekín, especialmente en minerales y microchips.
Promesas de empleo y realidad automatizada
Aunque el discurso oficial promete “reindustrializar el país” y recuperar empleos de calidad, los datos muestran otra realidad. La manufactura representa apenas 8,3% del empleo total en Estados Unidos y continúa descendiendo, en gran parte debido a la automatización.
Un estudio de la Brookings Institution calculó que la Ley CHIPS, diseñada para impulsar la producción de semiconductores, generará menos de 21.000 empleos directos, una cifra mínima frente a los 160 millones de trabajadores de la economía estadounidense.
Riesgos para la competencia
Economistas advierten que el nuevo sistema favorece a las empresas con mayor poder político y reduce la innovación. El gasto en lobby alcanzó 2.533 millones de dólares en la primera mitad de 2025, un récord histórico.
“La economía se está orientando a competir por favores políticos más que por eficiencia o calidad”, advierte el análisis, que también señala una caída de la productividad industrial del 0,5% anual entre 2010 y 2022.
Una jugada geopolítica
Más que una decisión económica, el viraje responde a la creciente tensión global. Con China controlando más del 90% del refinado de tierras raras y más del 80% de la cadena de producción solar, Estados Unidos busca recuperar su soberanía industrial y tecnológica.
En un contexto de rivalidad estratégica, Washington parece haber concluido que solo podrá competir adoptando las mismas herramientas que antes criticaba. El árbitro del libre mercado se ha puesto la camiseta de jugador, y el tablero económico mundial entra en una nueva era donde el Estado vuelve a ser protagonista.
Redacción: Diario Inclusión.
