La reciente incautación de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos representa un golpe directo a la estructura financiera que sostiene al régimen de Nicolás Maduro, según informó The Wall Street Journal. Esta acción, que afecta de manera mucho más profunda que los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, plantea una amenaza existencial para un gobierno cuya supervivencia depende casi exclusivamente de los ingresos petroleros. El cargamento confiscado, valorado en aproximadamente USD 80 millones, equivale a cerca del cinco por ciento de lo que Venezuela destina mensualmente a la importación de bienes, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en el país.
En el contexto de esta escalada, el gobierno de Estados Unidos anunció que continuará con la estrategia de incautar más buques, en un intento por aumentar la presión sobre Maduro y forzar su salida del poder. Esta campaña incluye un despliegue militar en el Caribe, ataques letales a embarcaciones acusadas de tráfico de drogas y amenazas de bombardeo sobre territorio venezolano. El presidente Donald Trump ha declarado que los “días de Maduro están contados”, aunque no ha detallado los próximos pasos.
El impacto de estas medidas ya se percibe en los puertos venezolanos. El jueves, alrededor de una docena de buques petroleros permanecían a la espera frente al principal puerto petrolero del país, sin que ninguno se atreviera a atracar para cargar crudo. En condiciones normales, al menos diez embarcaciones estarían operando simultáneamente en la terminal. Un funcionario portuario venezolano señaló que el temor a nuevas acciones estadounidenses ha provocado que empleados en todo el país falten a sus puestos o reporten enfermedades.
La importancia del petróleo para el régimen de Maduro es central: las ventas de crudo han representado históricamente más del noventa por ciento de los ingresos por exportaciones de Venezuela. Además, allegados al mandatario han sido acusados de apropiarse de parte de los miles de millones de dólares generados anualmente por esta industria, según The Wall Street Journal. La amenaza de nuevas incautaciones obliga a Venezuela a ofrecer su petróleo a precios muy por debajo del mercado a los pocos compradores que le quedan, como China, y a utilizar una porción cada vez mayor de sus menguadas reservas internacionales para contener la inflación.
El economista venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, advirtió al medio estadounidense que si Estados Unidos llegara a incautar un buque petrolero al mes, Venezuela caería en recesión. Rodríguez afirmó: “Si provocas una caída masiva de los ingresos petroleros, eso va a causar otra recesión masiva”.
La flota que transporta el crudo venezolano opera en la clandestinidad: se trata de una “flota en la sombra” compuesta por mil buques antiguos, muchos de los cuales también trasladan petróleo sancionado de Rusia e Irán. De acuerdo con el sitio TankerTrackers.com, hay unos ochenta buques en aguas venezolanas o cerca de la costa, de los cuales más de treinta están bajo sanciones estadounidenses.
La incautación de buques en aguas internacionales por parte de Estados Unidos es poco frecuente, aunque existen precedentes. En 2020, la administración Trump confiscó cuatro embarcaciones que transportaban combustible iraní, tras obtener la aprobación de un juez federal que consideró que existían pruebas suficientes para vincular los activos con una organización terrorista designada.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el buque incautado, el Skipper, ya había sido sancionado previamente por transportar petróleo iraní y será trasladado a un puerto estadounidense. Leavitt explicó que las fuerzas estadounidenses ejecutaron una orden judicial sobre el Skipper y que los investigadores están interrogando a la tripulación. Añadió que, tras un proceso legal, Estados Unidos tomará posesión de los 1,85 millones de barriles de petróleo transportados por el buque.
El Departamento del Tesoro actualizó el jueves su lista de sanciones contra Venezuela, incorporando a más de una docena de operadores, personas y buques, entre ellos sobrinos de la esposa de Maduro y un empresario vinculado al mandatario.
