La minería es un impulsor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro en América Latina. Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de la capital Lima, está en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la fiebre del oro.
«En la madrugada de ayer, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales», dijo en un comunicado la minera Poderosa, en cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.
Las víctimas eran trabajadores de una compañía que prestaba servicios a Poderosa, una importante minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
Fuentes policiales indicaron a la AFP que los cuerpos de los trabajadores aún se encuentran en el interior de la mina. Imágenes difundidas por la policía muestra a los efectivos explorando los oscuros socavones con ayuda de linternas y cuerdas.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los responsables.
«Nuestros agentes (…) están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente», indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.
«Tenemos que recuperar la gobernabilidad, el orden y la paz en Pataz (…). Lo que está pasando allí es inaceptable», dijo Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, a la radio RPP.
Según Poderosa, «suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control» de la localidad.
La minera hizo un «llamado urgente» a replantear la estrategia de seguridad del gobierno.
La «espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona», enfatizó.
«Tenemos que recuperar la gobernabilidad, el orden y la paz en Pataz (…). Los vamos a atrapar a todos», dijo Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, a la radio RPP.
– «Queremos justicia» –
«A mi hermano y a sus compañeros los han torturado y matado. ¿Cómo es posible que la policía no haya hecho nada? Hemos esperado una semana para enterarnos de todo esto», dijo Emilia Rospigliosi, hermana de la víctima César Rospigliosi, al canal Latina.
En la ciudad de Trujillo, nueve horas al oeste de Pataz, los familiares de algunos fallecidos esperaban el traslado de los cadáveres a la morgue de esa localidad.
«Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás», dijo a la televisora Canal N Abraham Domínguez, padre de Deiter Domínguez, uno de los asesinados.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, señaló que éste lunes se reunirá con la presidenta Boluarte para buscar soluciones a la inseguridad.
«Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo (…) Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central», afirmó, acongojado.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones por 8.241 millones de dólares sospechosas de provenir de la minería ilegal.
El país vive una ola de extorsiones y criminalidad violenta que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en varios puntos del país.
