El Parlamento de Uruguay aprobó este jueves con los votos de los partidos que integran la actual coalición de Gobierno la nueva Ley de Medios, que viene reemplazar la aprobada durante el gobierno del presidente José Mujica.
Tras haber sido aprobado en la Cámara de Representantes y luego modificado en la de Senadores, el proyecto retornó a la Cámara Baja para que dichos cambios fueran aprobados, lo que ocurrió en una sesión que se prolongó varias horas.
En esta, la nueva ley contó con el apoyo de los legisladores del oficialista Partido Nacional y de los que integran los restantes partidos que conforman la coalición de gobierno: el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente y fue rechazada por los de la coalición de izquierdas opositora Frente Amplio.
En el nuevo texto, que no abarca el universo de los medios digitales, la cantidad de artículos se redujo a la mitad. Los términos “monopolio” y “oligopolio” desaparecieron, al igual que la definición del espectro radioeléctrico como un “patrimonio común de la humanidad”.
En ese sentido, la ley aumenta el número máximo permitido de licencias por titular en radio, televisión abierta y televisión para abonados, informó el medio uruguayo la diaria. Además, ratifica el derecho de los cableoperadores a solicitar licencias para vender internet, porque “los modelos de negocios cambian y las rivalidades ya no son necesariamente entre prestadores que realizan las mismas actividades”, tal y como decía el Poder Ejecutivo en 2020 en la exposición de motivos que adjuntó al proyecto de ley.
Artículo agregado
Inicialmente, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023 y pasó a consideración del Senado, que el 14 de mayo de este año lo trató de manera grave y urgente.
Allí el proyecto original sufrió modificaciones. Se le agregó un artículo propuesto por Cabildo Abierto que indica: «Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos».
Y añade: «Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral».
Críticas a la nueva ley
Tiempo atrás, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma y anticipó su rechazo al artículo. Su presidente, Roberto Rock, señaló en un comunicado que dicha imposición a los medios audiovisuales y a sus periodistas de brindar información, opiniones y comentarios de manera seria, completa, imparcial, rigurosa, equilibrada, es inadmisible.
Por su parte, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado en el que planteó su total y enfático rechazo a la iniciativa por considerarla notoriamente regresiva, autoritaria y violatoria de principios constitucionales elementales, como la libertad editorial y las libertadores de expresión y de prensa.
El presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Fabián Werner, expresó este jueves su repudio a la aprobación de la iniciativa. «‘En buena ley» Uruguay se ganó el derecho a desplomarse en todas las mediciones internacionales de DDHH y libertad de expresión», señaló en una publicación en la red social X.
En un comunicado el Frente Amplio indicó: «En defensa de Antel, empresa pública de todos los uruguayos y uruguayas, el Frente Amplio rechaza la aprobación de la nueva Ley de Medios en la Cámara de Diputados». Y agregó: «Con los cambios promovidos en esta nueva ley se genera mayor concentración de la propiedad de los medios; se habilita la extranjerización; se golpea a ANTEL; y se cristaliza la situación actual de privilegios extendiendo automáticamente por 15 años más la duración de las licencias vigentes».
