Una corte federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el plan del gobierno de Donald Trump para deportar a cientos de niños guatemaltecos, al menos por las próximas dos semanas, según un fallo emitido este domingo. La jueza del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, suspendió «in extremis» la expulsión de más de 600 menores guatemaltecos no acompañados, quienes se encontraban bajo custodia en Estados Unidos y enfrentaban ser enviados de regreso a su país.
La magistrada ordenó al Ejecutivo no proceder con las deportaciones respondiendo a una solicitud de emergencia presentada por el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC, por sus siglas en inglés). La resolución fue emitida mientras algunos menores ya estaban siendo trasladados a un aeropuerto en Texas para abordar vuelos hacia Guatemala. «La parte demandada quiere expulsar de Estados Unidos a diez menores no acompañados de entre 10 y 17 años, en clara violación de las protecciones inequívocas que el Congreso les otorga como niños vulnerables», señala el fallo.
Los abogados de los menores argumentaron que la Administración violó el debido proceso, ya que varios de ellos tienen casos pendientes ante tribunales de inmigración, e ignoró las garantías especiales previstas para quienes cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos.
Una orden «extraordinaria»
Los letrados pidieron una «orden de paralización temporal para preservar el statu quo mientras avanzan los procedimientos». En respuesta, la jueza dictó una orden inmediata para mantener el statu quo hasta que se convoque una audiencia. La organización NILC, que presentó la demanda este domingo por la madrugada calificando el plan de Trump como «ilegal», celebró la medida judicial.
«Nos reconforta que el tribunal haya evitado esta injusticia antes de que cientos de niños sufrieran daños irreparables», declaró Efren Olivares, vicepresidente del NILC. La demanda colectiva fue presentada en nombre de cientos de menores guatemaltecos que, según la organización, enfrentaban un «riesgo inminente de ser deportados ilegalmente de Estados Unidos».
Durante una audiencia vespertina, la jueza Sooknanan calificó de “sorprendente” que el Gobierno intentara deportar a menores “de madrugada y durante un fin de semana festivo”, en medio de la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos. Instruyó a Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia que representó al Ejecutivo, a informar a las autoridades que debían detener cualquier acción de deportación de inmediato.
Sooknanan reconoció que su orden de restricción temporal era una medida “extraordinaria”, pero la justificó ante la decisión del Gobierno de ejecutar el plan “en las primeras horas” de un fin de semana largo. Varios niños ya se encontraban a bordo de aviones rumbo a Guatemala cuando se emitió la orden, según reconoció el propio Ensign.
El abogado sostuvo que el Gobierno desconocía la decisión de la jueza cuando comenzó el traslado de los menores al aeropuerto. Afirmó que ningún niño fue deportado, aunque admitió que un avión pudo haber despegado y luego regresado tras conocerse la orden judicial. Ensign respondió que serían devueltos a los albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
La legislación estadounidense establece que los niños migrantes que llegan sin un padre o tutor son clasificados como “no acompañados” y enviados a refugios gestionados por el gobierno federal, donde permanecen hasta ser reubicados con familiares o en hogares de acogida.
Según reportó CNN, la medida afecta a unos 600 menores guatemaltecos actualmente bajo custodia del HHS. Datos de la Oficina de Administración para Niños y Familias indican que en julio había 2.198 menores no acompañados bajo custodia federal, aunque no se detalla su nacionalidad. La mayoría de estos niños proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG Save the Children.
«Repatriación» forzada
Ensign aclaró que la administración Trump no intentaba deportar formalmente a los menores bajo la ley migratoria estadounidense, sino repatriarlos a Guatemala para reunificarlos con sus familias. Sin embargo, los abogados de los menores lo refutaron, citando casos en los que los padres no pidieron la repatriación.
Neha Desai, abogada del Centro Nacional para la Ley de Menores, denunció que el gobierno intentaba deportar a niños que ya habían presentado solicitudes de protección legal debido al abuso y la persecución sufridos en sus países. «Esto es ilegal y profundamente inhumano», señaló.
La oleada de acciones legales se desató días después de que se reportara el inicio de las deportaciones de menores hacia Guatemala, tras un acuerdo con ese país. El viernes, el canciller guatemalteco, Carlos Martínez, confirmó que su país estaba dispuesto a recibir a los niños, y dijo que esperaba que el proceso se realizara de forma gradual y ordenada, una iniciativa surgida tras la visita en julio de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, afirmó entonces su gobierno trabajaba con Estados Unidos para repatriar a menores no acompañados.
Aunque los menores deberían permanecer bajo cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la denuncia sostiene que el Gobierno estaba “trasladándolos ilegalmente” a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportarlos a Guatemala, donde podrían enfrentar abusos, persecución o tortura.
En redes sociales, Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y arquitecto de las duras políticas migratorias de Trump, responsabilizó al gobierno de Biden de que los menores estén en Estados Unidos sin sus padres, y acusó a la jueza de impedir su reunificación familiar. «Esta jueza de Biden esta efectivamente raptando estos menores migrantes y negandoles el retorno a su casa y sus padres», escribió en X.
