El presidente brasileño, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (foto), advirtió que la Unión Europea «está amenazando» con incluir la ola de incendios forestales que sufre el país en la mesa de negociación para el acuerdo comercial con el Mercosur, como parte de la aplicación de la ley anti deforestación.
«La UE nos está amenazando con poner los incendios en la mesa de negociación y nosotros le estamos diciendo: no lo pongan porque estamos preservando más de lo que ustedes ya preservaron en cualquier otro momento de la historia», dijo Lula este martes en un acto para fomentar el desarrollo de biocombustibles, en Brasilia.
Aunque el año pasado la tasa de deforestación en la Amazonia fue reducida en un 51%, y que este año la tendencia continuará con un descenso del 47%, según destacó el presidente, la Unión Europea continúa con la implementación de la ley de ‘anti deforestación’ y amenaza con incluir los incendios en la medición.
Durante la actividad, Lula señaló que la sequía que atraviesa Brasil, una de las peores de su historia reciente, ha facilitado la propagación de incendios a lo largo del país, en particular sobre la Amazonia y el Pantanal. «El Pantanal vive la sequía más brava de los últimos 73 años y la Amazonía, la peor en casi 50 años», expresó el líder brasileño.
La ley contra la deforestación busca reducir el impacto ambiental de la actividad agropecuaria, previniendo que ciertas materias primas y productos contribuyan a la deforestación, el daño ambiental y la degradación de suelos. Según la legislación, sólo se podrán vender a la UE productos que certifiquen una procedencia no ligada a tierras deforestadas y que no provoquen daño ambiental alguno, entre el cual figura la posibilidad de incendios masivos.
La medida, aprobada en 2023 pero cuya aplicación ha sido pospuesta, pone en peligro nuevamente el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que está en negociación hace ya 25 años. A pesar del principio de consenso al que se llegó en 2019, el tratado se ha visto interrumpido desde el año pasado debido a nuevas demandas en el apartado medioambiental, con Francia liderando la presión en contra del acuerdo.
