El Tribunal Supremo, fuertemente controlado por el oficialismo venezolano, asumió las funciones del Congreso. Hizo también un llamado a las Fuerzas Armadas para pronunciarse.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela asumió este jueves competencias en el manejo del Parlamento, con una amplia mayoría opositora y al que considera en desacato, en una determinación que de acuerdo a la opinión de analistas internacionales representa -en la práctica- un paso más hacia un modelo autoritario.
«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las
competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho», se informó desde un fallo del TSJ.
El tribunal, al que la oposición venezolana acusa abiertamente de servir al gobierno de Nicolás Maduro, declaró en desacato al Poder Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección había sido suspendida por aparente fraude. Por ello ha anulado todas las decisiones parlamentarias.
Aunque la cámara desvinculó a esos diputados con posterioridad, la corte considera que el acto no fue formalizado.
«Esta semana hemos avanzado lamentablemente hacia un modelo autoritario en la política venezolana. La democracia está en peligro», aseguró este jueves el analista
Carlos Romero.
«Estamos ante un uso indiscriminado e ilegal de las atribuciones del TSJ para acabar con el Poder Legislativo», agregó.
