El gobierno de Venezuela propuso este viernes llevar a cabo, en Caracas, un proceso de diálogo entre «actores colombianos» para que se promuevan conversaciones que tiendan a construir las vías hacia el «respeto de la soberanía popular» en Colombia, en referencia a la investigación electoral contra la campaña del mandatario del vecino país, Gustavo Petro, en 2022.
«Se propone la realización de un amplio proceso de discusión política entre actores colombianos, con la mediación directa de la República Bolivariana de Venezuela», indicó el canciller venezolano, Yván Gil, tras leer un comunicado en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El funcionario también instó a invitar a la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, en su rol de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como mediadores, para construir «las vías hacia el respeto de la soberanía popular» en la nación andina.
La propuesta venezolana se dio luego de la celebración del Foro Político y Académico sobre la situación en Colombia, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga a la campaña de Petro por presuntas irregularidades en su financiación. El Ejecutivo venezolano propuso este diálogo luego de la agudización de la crisis en Colombia, así como la «ejecución de un golpe de Estado, denunciado públicamente por el presidente Gustavo Petro».
«Las discusiones realizadas en este foro también han llegado al consenso de la importancia de las relaciones políticas y diplomáticas entre Venezuela y Colombia, las cuales han tomado una dinámica positiva desde su lanzamiento hace dos años con la llegada del Gobierno del presidente Petro», agregó la Cancillería venezolana. Además dijo que se acogió la propuesta de la «amplia comunidad» de colombianos que residen en Venezuela de «incorporarse a las iniciativas propuestas» por el foro.
«Golpe a la democracia»
El martes los magistrados del CNE decidieron abrir una investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por supuestamente exceder los gastos que permite la ley. Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La ponencia advierte que la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022 sobrepasó los topes de gastos en más de 5.355 millones de pesos (unos 1,2 millones de dólares de hoy), sumadas las dos vueltas electorales.
La apertura de la investigación generó un terremoto político, ya que el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo. Petro aseguró que la decisión del órgano electoral es el primer paso de un golpe de Estado en su contra, y el miércoles su gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por considerar que viola el resultado de las elecciones en las que lo eligieron presidente.
La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación por la denuncia contra los siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que formularon cargos contra Petro. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, dijo este viernes que el ciudadano Jhon Jairo Turizo Hernández fue el que presentó la demanda y el ente acusador le dará trámite.
Aunque la fiscal Camargo no los mencionó, los magistrados investigados son Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente César Lorduy. La demanda contra los letrados es prevaricato, es decir que actuaron contrario a la ley y se atribuyeron funciones que no les corresponden o desbordan su ámbito.
El apoyo de Lula
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también se expresó sobre la denuncia contra su par colombiano, demostrándole su apoyo. «Como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad al presidente Gustavo Petro», señaló Lula en una publicación en sus redes sociales. El máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) indicó que «no se puede renunciar al debido proceso legal, sobre todo cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las urnas».
Lula, un aliado de Petro dentro del progresismo latinoamericano, recordó el juicio político que culminó con la destitución de la entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en 2016, un episodio que el propio Lula y su partido califican de golpe. En un momento en que afloraban multitud de casos de corrupción en prácticamente todos los partidos políticos, el Congreso destituyó Rousseff por una serie de presuntas irregularidades fiscales en los presupuestos, cargos que años más tarde fueron archivados por la justicia.
La expresidenta fue reemplazada en el cargo por su vicepresidente, Michel Temer, un veterano político de derecha que, tras ascender al poder, puso en marcha una amplia agenda de reformas económicas de corte liberal. «Recuerdo que, en 2016, la presidenta Dilma fue víctima de un proceso de ‘impeachment’ sin base legal y ese fue el comienzo de un período turbulento y traumático en la historia de Brasil», enfatizó Lula en su mensaje.
