Más de un centenar de opositores venezolanos, entre ellos diputados y colaboradores del jefe parlamentario, Juan Guaidó, recibieron este lunes el indulto del mandatario socialista Nicolás Maduro.
La decisión presidencial fue comunicada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Marrero, jefe de despacho de Guaidó, fue detenido en marzo de 2019 señalado de integrar una «célula terrorista» que planeaba ataques para desestabilizar el gobierno de Maduro.
El decreto presidencial «entrará en vigencia a partir de su publicación» y los tribunales «deberán implementar las medidas inmediatas de libertad a las personas citadas», indicó el documento leído por Rodríguez.
La lista de 110 opositores incluye también al parlamentario Freddy Guevara, copartidario de Guaidó, quien permanece en la embajada de Chile en Caracas desde noviembre de 2017, tras encabezar protestas antigubernamentales que dejaron más de 125 muertos ese año. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al chavismo, le prohibió entonces salir del país.
La lista incluye además a diputados con procesos judiciales abiertos que están fuera del país, como Américo De Grazia. Buena parte de los «indultos» se dictó sobre opositores sin sentencias, ni penas de cárcel.
«Indulto o insulto, ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si usted (Maduro) quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle», escribió De Grazia en Twitter.
Entre el centenar de indultados en libertad también figura el parlamentario Henry Ramos Allup, líder de Acción Democrática, el partido más antiguo de Venezuela con casi 80 años y cuya directiva fue invalidada por la máxima corte, entregando su control a otros dirigentes.
El anuncio ocurre un día después de que Maduro dijera que está apoyando medidas para llevar al país a un proceso de «reencuentro» y «diálogo profundo», de cara a los comicios del 6 de diciembre.
Esto, en medio del boicot de una treintena de partidos opositores que declinan participar en las parlamentarias al considerarlas un «fraude» signado por la invalidación de partidos y la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte del TSJ, y no por el Legislativo como establece la legislación venezolana.
«Pido el apoyo de todo el país a las decisiones, anuncios y decretos en función del diálogo, reencuentro y reconciliación de Venezuela», expresó Maduro el domingo.
El decreto excluye a Guaidó, sobre quien pesan múltiples causas judiciales desde que se proclamó presidente encargado de Venezuela en enero de 2019, luego que el Legislativo declarara la «usurpación» de Maduro, quien se reeligió en mayo de 2018 en votaciones consideradas fraudulentas.
La decisión de indultar a opositores, «persigue como objetivo número uno la legitimación» de los comicios para elegir una nueva Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, dijo a la AFP el analista Félix Seijas, de la firma Delphos.
Maduro «está cediendo en una de las demandas de siempre de la oposición en negociaciones» anteriores, como las auspiciadas por Noruega. «Ahora, quizás, veremos la habilitación de algunos líderes políticos», remarca Seijas.
Con este paso, el mandatario está buscando «promover la participación de factores opositores de peso», considera.
Para Rafael Álvarez Loscher, director de la firma de consultoría IURISCORP, Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, busca «oxigenarse» y «tender puentes» con actores fundamentales como la Unión Europea.
Ello, asegura, para ganar tiempo y lograr el control de la Asamblea Nacional este año, y contar con la «legitimidad» suficiente para hacer frente a las sanciones cada vez más duras de Estados Unidos.
«Maduro necesita tomar decisiones con respecto a la deuda externa, necesita capital, necesita préstamos, reestructuraciones de deuda, Venezuela necesita dinero», subraya Álvarez Loscher.
Pero no «puede hacerlo en un entorno de sanciones y con la comunidad internacional reclamándole legitimidad», de allí que con este «indulto» busca tener «una cara de legitimidad».
