Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Brasil contra los ajustes impulsados por el gobierno de Michel Temer, en una movilización que contó en Sao Paulo con la presencia del expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva.
En la capital económica del país, la protesta ocupaba varias cuadras de la céntrica Avenida Paulista al grito de «Fuera Temer» y «No a la reforma de las jubilaciones», la principal consigna de las huelgas y protestas convocadas en decenas de ciudades.
Lula, ícono de la izquierda latinoamericana que enfrenta varias causas por corrupción, participó en el acto convocado por la Central Única de Trabajadores (CUT), el grupo Movimientos de trabajadores rurales Sin Tierra (MST) y sindicatos de profesores y otros sectores.
Ovacionado por la multitud, Lula afirmó que el gobierno actual pretende «acabar con las conquistas de la clase trabajadora a lo largo de años».
«El pueblo sólo se detendrá cuando elija un gobierno democráticamente», arengó el exmandatario, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones de 2018.
En Rio de Janeiro, la movilización acabó en tumulto cuando algunos manifestantes se enfrentaron con la policía, que arrojó gases lacrimógenos y bombas de estruendo, según mostró la TV Globo.
En Brasilia, unos 500 militantes del MST ocuparon desde la madrugada la sede del Ministerio de Hacienda. La policía informó que los manifestantes «invadieron» el edificio alrededor de las 05H00 (08H00 GMT) rompiendo varias ventanas. El desalojo pacífico se produjo unas diez horas después, precisaron las autoridades.
Las protestas se extendían a más de 20 capitales, de acuerdo con el sitio informativo G1. En Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sudeste) los organizadores reportaron más de 100.000 manifestantes, unos 30.000 en Fortaleza (Ceará, noreste), más de 10.000 en Salvador (Bahia, noreste) y también en Goiania (Goiás, centro-oeste).
Temer sostuvo en un evento público que su gobierno busca evitar el «colapso» del sistema de pensiones, «para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán en el futuro».
«Nadie va a perder sus derechos», aseguró.
Desde que reemplazó en 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, Temer impulsa un programa de ajustes con la pretensión de recuperar la confianza de los mercados y reactivar la economía de gigante latinoamericano, en recesión desde hace más de dos años.
Después de aprobar una enmienda constitucional que congela el gasto público por los próximos veinte años, la próxima reforma en la agenda es la del sistema de jubilaciones, que busca prolongar el tiempo de contribuciones y elevar la edad mínima requerida para obtener los beneficios completos del retiro.
El otro proyecto en tramitación, la reforma laboral, determina que las negociaciones sectoriales puedan prevalecer sobre la legislación, entre otras normas de flexibilización con las cuales el gobierno espera alentar las contrataciones para revertir un nivel récord de desempleo (12,6%, casi 13 millones de personas).
Aunque el gobierno cuenta con una sólida base de aliados en el parlamento, las resistencias al endurecimiento de la legislación social se hacen sentir en el seno mismo de la base gubernamental de Temer, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de fines de 2018.
La jornada de protestas se produce además en un clima político enrarecido por las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo Petrobras, que salpican a prácticamente todo el arco parlamentario.
La Fiscalía de Brasil destacó este miércoles que la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones propuesta por el Gobierno de Michel Temer contiene «violaciones constitucionales» que afectan a las personas de la tercera edad del país.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, el contenido de la reforma del Ejecutivo puede ser objeto de «procesos judiciales» en razón del «nítido retroceso legislativo» que representa, señaló el órgano en un comunicado.
La iniciativa del Gobierno de Temer fue presentada al Legislativo en diciembre pasado y propone los 65 años como edad mínima, tanto para hombres como para mujeres, para acceder a los beneficios de la jubilación, además de imponer la obligatoriedad de cotizar al menos 25 años.
«El aumento de la edad mínima a los 65 años viola el principio de protección a los ancianos, previsto en el artículo 230 de la Constitución», apuntó la Fiscalía en la nota.
Para la Fiscalía, la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones toma como referencia para su cálculo la edad de países cuya esperanza de vida «es bastante superior a la brasileña».
«Datos de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que la esperanza de vida media de los países que marcan en 65 años el corte para la jubilación es de 81,2 años, mientras que la esperanza de vida en Brasil es de 75 años», esclarece el documento.
La Fiscalía también advierte que la edad mínima de 65 años no tiene en cuenta las «diferentes realidades regionales y de renta en Brasil», y supone una cifra «muy severa» para las zonas más pobres del país, las cuales tienen una esperanza de vida todavía inferior a la media del gigante sudamericano.
Por otro lado, la jornada de protestas fue realizada un día después del pedido realizado el martes por el fiscal general Rodrigo Janot para la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fueros privilegiados (ministros y legisladores), en base a las delaciones premiadas hechas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, una de las principales implicadas en la red de sobornos de la petrolera estatal.
Los nombres de los sospechosos aún no fueron divulgados, pero según varios medios se cuentan entre ellos tanto políticos de izquierda -como Lula y Rousseff- como por lo menos cinco ministros de Temer, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
