Si todo sale mal, su decisión podría derribar una institución que, aunque sólo tenga dos décadas de existencia, es un pilar del orden económico que EE.UU. ayudó a establecer después de la Segunda Guerra Mundial.
Donald Trump cumple con su promesa de sacudir la política comercial estadounidense. A sólo dos semanas de iniciada su presidencia, incluso hasta sus aliados tradicionales están preocupados por las medidas que pueda tomar.
Retiró al país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que su predecesor Barack Obama había firmado con Japón y otras 10 economías de Asia y el Pacífico. Actualmente están en curso conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) con Canadá y con México. La Unión Europea (UE) también ha admitido que sus propias conversaciones comerciales con Norteamérica están en suspenso debido a que un nuevo presidente dice que preferiría negociar un acuerdo con un miembro saliente, el Reino Unido.
¿Cuál es el último blanco al que apunta la administración Trump? La Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, que podría ser realmente lo más destacado y controversial. Se debe a que si todo sale mal, podría derribar una institución que, aunque sólo tenga dos décadas de existencia, es un pilar del orden económico que EE.UU. ayudó a establecer después de la Segunda Guerra Mundial.
Ni bien iniciaron su etapa administrativa, los funcionarios de Donald empezaron a buscar maneras de eludir el sistema de solución de disputas de la OMC, que ha sido -desde que se estableció en 1995- el principal medio para resolver las diferencias comerciales entre los miembros y, según dicen sus defensores, constituye una significativa fuerza en la prevención de guerras comerciales.
En un borrador de un artículo que circuló esta semana, los funcionarios de la administración incluso plantearon la idea de ignorar las resoluciones de la OMC que no les gustaban, argumentando que «los ciudadanos estadounidenses están sujetos solamente a las leyes y regulaciones creadas por el gobierno estadounidense, y no a las resoluciones dictadas por gobiernos extranjeros u organismos internacionales».
Esa oración fue retirada de la versión final de un informe enviado al Congreso la semana pasada incluido en la agenda comercial de la administración Trump. Pero el mensaje general era que el gobierno de Trump está dispuesto a hacer lo que le parezca, les guste o no a los jueces de la OMC.
La importancia de ello es porque EE.UU. fue una de las principales fuerzas detrás de la creación de la OMC y, antes de eso, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), el cual comenzó a codificar las reglas del comercio mundial después de la Segunda Guerra Mundial.
La idea de crear un tribunal de comercio mundial fue parte de las conversaciones durante la conferencia de Bretton Woods en 1944 que condujo a la formación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero no fue sino hasta la Ronda Uruguay en la década de 1990 que se crearon la OMC y el sistema de solución de disputas.
Desde que la OMC comenzara su labor en 1995, los presidentes estadounidenses lo han defendido y han tratado de incorporar a otros países, en particular a China en 2001. Los mandatarios también han acatado sus decisiones. Que un presidente estadounidense ignore a la OMC es algo sin precedentes. Sería un duro golpe para la institución si su miembro podría decirse más importante decidiera esquivarla.
Si EE.UU. comenzara a imponer aranceles punitivos a las mercaderías de países como China -como amenazó Trump durante su campaña electoral- probablemente violaría las normas de la OMC y sería impugnado. Si los jueces de la OMC emitieran un fallo en contra de Estados Unidos, y Washington luego lo ignorara, podría poner fin al sistema, ya que otros países probablemente se sentirían libres de hacer lo mismo.
Se sabe que la ley estadounidense contiene numerosas herramientas que le permiten a un presidente tomar represalias contra otros países por prácticas comerciales desleales. Las más comúnmente utilizadas son permitidas por la OMC e implican casos de antidumping y de antisubsidio que usualmente presentan las industrias. Esas investigaciones pueden derivar en la aplicación de aranceles altos sobre productos específicos provenientes de países específicos.
En esta etapa, el gobierno de Trump está proponiendo utilizar herramientas más poderosas que se utilizaron sólo raramente, si es que se han usado alguna vez, desde que se creó la OMC.
¿Las razones? La primera razón tiene que ver con dos de las metas de la administración Trump, como lo expuso Steve Bannon, uno de los asesores más cercanos del presidente. Estas son la búsqueda del «nacionalismo económico» y el desmantelamiento de lo que él llama el ‘Estado administrativo’ que según él se está extendiendo a las instituciones internacionales.
La segunda razón es un sentimiento cada vez mayor en EE.UU. -y particularmente en industrias como la siderúrgica que han sido seriamente afectadas por la competencia con China- de que la OMC no ha funcionado a su favor. De particular preocupación para algunos son las anteriores decisiones de la OMC que rechazaron algunos de los mecanismos antidumping estadounidenses más agresivos.
Ante este panorama, Roberto Azevêdo, el director general de la OMC, reconoció la semana pasada que «EE.UU. tiene una gama de preocupaciones comerciales, incluyendo temas como la solución de disputas de la OMC’, y declaró que está listo para discutir estas preocupaciones con el equipo comercial estadounidense.
Pero, las principales figuras comerciales de la administración de Trump aún no están en orden. Wilbur Ross, el secretario de Comercio, sólo comenzó a trabajar a principios de la semana pasada después de esperar la confirmación del Senado; y Robert Lighthizer aún no ha sido confirmado como representante comercial de Estados Unidos.
Un probable factor desencadenante de una batalla entre Washington y la OMC sería un fallo en Ginebra en contra de EE.UU. En el sistema se encuentran varios casos importantes que involucran a EE.UU. y a China, incluyendo una impugnación china a la negativa de la UE y de Estados Unidos de permitir que reciba el tratamiento de «economía de mercado» bajo las normas de la OMC.
Se sabe que los casos de la OMC toman tiempo, y una decisión final muchas veces puede llevar años. Sin embargo, es poco probable que el gobierno de Trump espere tanto tiempo, y podría antes actuar en forma unilateral. Eso es lo que prometió hacer la semana pasada. Muchos, están a la expectativa de estas decisiones polémicas del presidente.
