La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó el jueves al Tribunal Supremo de Justicia la anulación del proceso de reforma de la constitución, con lo que ahondó su distanciamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien avanza su iniciativa en medio de crecientes críticas de disidentes del oficialismo y la tensión política generada por las protestas que se han extendido por más de dos meses.
Ortega Díaz anunció a la prensa que presentó en la Sala Electoral del máximo tribunal una acción legal para que se anule la convocatoria del proceso, las bases comiciales y las postulaciones de los candidatos que aprobó recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE). «Es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente», dijo la alta funcionaria al insistir en que el proceso promovido por el presidente Maduro vulnera la progresividad de los derechos humanos.
Sin embargo, la mayoría de las decisiones que ha emitido en los últimos años el Tribunal Supremo de Justicia fueron a favor del gobierno, por lo que es poco probable que esta acción de la fiscal pueda prosperar. La mayoría de los 32 integrantes del máximo tribunal son señalados de estar vinculados al oficialismo.
Ortega Díaz abrió un nuevo frente al cuestionar las actuaciones del CNE, que es controlado por el gobierno, al que señaló de violar los principios de «progresividad de los derechos humanos», «la legalidad administrativa», «igualdad», «derecho al sufragio y la participación política», y «soberanía constitucional». La alta funcionaria fundamentó su acción alegando que lo hacía para «defender la soberanía popular, para defender la constitución, para defender la democracia participativa».
La fiscal comenzó su distanciamiento del gobierno a finales de marzo, cuando objetó públicamente dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en las que asumían las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitaba la inmunidad parlamentaria, y denunció una «ruptura del orden constitucional».
Semanas después, la fiscal realizó otro pronunciamiento para cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas y anunció que un joven universitario murió a finales de abril a consecuencia de un golpe que recibió en el pecho por una bomba lacrimógena que le lanzó un guardia nacional, lo que desmintió la versión del gobierno, que sostenía que el opositor falleció por el impacto de una pistola de perno que accionó otro manifestante.
A principios de mes, la fiscal acudió a la Sala Constitucional para introducir una primera acción contra el proceso constituyente, que fue rechazada esta semana. Las declaraciones de Ortega Díaz han generado duras reacciones de parte del vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, y del ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quienes la acusaron de promover la impunidad y de traicionar el proceso. Cabello dijo recientemente que luego que se instale la Asamblea Nacional Constituyente una de sus primeras acciones será revisar el Ministerio Público.
Asimismo, el diputado oficialista Pedro Carrero, dijo que acudiría al máximo tribunal para solicitar una evaluación psiquiátrica de la fiscal por supuesta «insania mental». Del lado de la oposición, algunos dirigentes han manifestado su solidaridad con Ortega Díaz y han aplaudido su defensa de la constitución.
