Las manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas nuevamente a punta de perdigones y bombas lacrimógenas, una de las cuales causó un incendio en el comando de campaña de Henrique Capriles Radonski.
Miles de opositores en Venezuela marcharon el sábado por tercera vez en una semana en las principales ciudades de la nación petrolera, en una renovada ola de protestas en las calles contra la que consideran una «dictadura» impuesta por el presidente Nicolás Maduro. Fueron marchas para exigir la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusados de propinar un autogolpe de Estado al despojar al Parlamento de sus facultades mediante las sentencias 155 y 156, emitidas el 28 y 29 de marzo.
Aunque la corte de mayor rango en ese país «revisó” sus fallos y eliminó sus aspectos más controvertidos a petición del presidente Nicolás Maduro –evidenciando la falta de autonomía del Poder Judicial–, la mayor alianza de partidos opositores arguye que la ruptura del hilo constitucional no ha sido subsanada e insiste en llegar a las distintas sedes de la Defensoría del Pueblo para demandar la destitución de los jueces en cuestión.
El paso de los adversarios del presidente fue bloqueado a pocas cuadras del inicio de la marcha en la capital por fuerzas de seguridad, que arrojaron agua y gases lacrimógenos en todas las vías que tomaron grupos opositores para intentar llegar, sin éxito, al centro de la ciudad durante dos horas.
En la ciudad fronteriza de San Cristóbal la policía regional disparó perdigones para también desviar la ruta de los opositores, a diferencia de otras localidades como Maracaibo y Ciudad Guayana, al occidente y sur del país, donde no se registraron fuertes choques entre opositores y la policía.
Las manifestaciones encabezadas por líderes de oposición surgieron en el país sudamericano una vez que el Tribunal Supremo de Justicia asumió funciones parlamentarias, provocando incluso una condena internacional que presionó a los magistrados a modificar sus sentencias parcialmente a petición de Maduro.
Tras las movilizaciones de la semana, el dirigente opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles fue inhabilitado el viernes por 15 años para postularse a cargos de elección popular, una sanción que avivó aún más el llamado a la calle.
«El gobierno eligió el camino de la dictadura, dieron un autogolpe y el autogolpe sigue», aseguró Capriles, quien lideró la marcha cuando intentó llegar hasta la Defensoría del Pueblo, para pedir su apoyo en la remoción de jueces.
Horas más tarde, Capriles tuvo que desalojar una oficina de su comando político al sureste de la ciudad por un incendio provocado por una bomba lacrimógena, informó el alcalde del municipio, el opositor Gerardo Blyde. El gobernador calificó en Twitter ese incidente, donde aún no se reportan heridos, como «un ataque».
Las oficinas administrativas del máximo tribunal del país, al este de la capital, también fueron violentadas por reducidos grupos de manifestantes que continuaron los enfrentamientos con los órganos de seguridad tras dispersarse la movilización.
PARA EL GOBIERNO, ES MARCHA «ILEGAL»
Las manifestaciones de los últimos días han dejado decenas de heridos, opositores detenidos y un estudiante universitario muerto por un disparo. Amnistía Internacional condenó temprano el sábado «el uso excesivo de la fuerza» por parte de los órganos de seguridad.
El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, tildó la marcha del sábado de «ilegal» pues las autoridades desconocían la ruta que anunció Capriles en la concentración.
«El gobierno tiene miedo. Si no tienes miedo, no tienes por qué cerrar la calle, no tienes por qué amedrentar, ni inhabilitar a Capriles sin tener razones», afirmó Gikeissy Díaz, una abogada de 27 años. A su lado, otros opositores ondearon banderas y carteles que decían «No más dictadura».
La oposición ha decidido mantener las movilizaciones para apoyar una destitución de los jueces que adelanta el Parlamento, y que fue ya calificada como «improcedente» por el defensor del pueblo.
Tan pronto como el próximo lunes los partidos de oposición convocaron a nuevas concentraciones de calle y adelantaron que preparan «la madre de las movilizaciones» para el 19 de abril. El domingo acudirán a las iglesias a orar por la democracia.
Entre tanto, la inhabilitación a Capriles, que lo descalifica para aspirar a la presidencia en los comicios del 2018, empezó a recibir críticas de grupos defensores de derechos humanos y gobiernos en la región.
El Gobierno argentino, dijo en un comunicado, que «urge al Gobierno venezolano a que se respeten y garanticen los derechos y libertades políticas» y también pidió que se «deje sin efecto la proscripción política del señor Capriles».
El Gobierno de Estados Unidos también reaccionó a la medida contra Capriles. «Estamos profundamente preocupados por la persecución que la administración de Maduro sigue dirigiendo a miembros de la oposición de Venezuela», dijo un portavoz del Departamento de Estado.
