El acto conmemorativo tuvo lugar, lugar en El Gallinato, en la localidad de La Caldera, donde hay un monumento vivo que recuerda los crímenes cometidos por la violencia, en el marco de los eventos que recuerdan los trágicos sucesos de septiembre de 1976, cuando varias personas fueron secuestradas y asesinadas en la zona durante la dictadura militar. Durante la ceremonia, se pronunciaron discursos que destacaron la importancia de la memoria y la lucha por la justicia.
Los familiares de las víctimas expresaron su compromiso inquebrantable con la verdad, pidiendo que estos crímenes no queden en el olvido. Además, representantes de los organismos de Derechos Humanos enfatizaron la necesidad de mantener viva la memoria para evitar la repetición de estos hechos atroces en la historia de Argentina.
Elia Fernández, responsable del área de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos e integrante de H.I.J.O.S., destacó que la Masacre de El Gallinato fue una de las metodologías empleadas por el terrorismo de Estado para hacer desaparecer cuerpos. “Estamos seguros, y fue comprobado en el juicio por delitos de lesa humanidad que investigó esta causa, que aquí fueron dinamitados Gema Fernández, Héctor Gamboa, Carlos Figueroa, Silvia Aramayo, entre otros compañeros que aún no hemos podido identificar”, detalló Fernández.
Por su parte, Mariana Gamboa, hija de Gema Fernández y Héctor Domingo «Guilo» Gamboa, y miembro del Comité por la Memoria de las Víctimas del Gallinato, subrayó la importancia de haber logrado en el Municipio de La Caldera la primera Ordenanza que declara el 24 de septiembre como un acto oficial para instituir la memoria de los masacrados en el Paraje El Gallinato.
Esto, señaló, puede servir como un precedente para que otros municipios promuevan políticas locales de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, Gamboa agregó: “Las organizaciones de derechos humanos necesitamos el reconocimiento de que el Estado nunca más se convierta en un Estado terrorista”.
“La única forma de superar estas violencias es a través del reconocimiento de los mecanismos democráticos de participación, para que nadie, por ser opositor político, deba ser eliminado. Como sucedió con todos los que fueron masacrados en 1975, y con mayor intensidad en 1976, en septiembre en Salta, donde aún hoy muchas víctimas esperan que se les devuelvan los restos de sus familiares, como en mi caso, los de mis padres”, Finalizó.
En representación de la Secretaría de Derechos Humanos participaron Federico Uldry, subsecretario de Formación, Promoción y Protección de Derechos, y David Sosposa responsable del área jurídica.
