El malestar crece entre los trabajadores mineros del Proyecto Mariana, operado por Litio Minera Argentina S.A., a raíz de la falta de pago de la última quincena por parte de la empresa contratista FCS Mariana Solar. La situación encendió una señal de alarma en pleno corazón de la Puna salteña, donde las condiciones de aislamiento y trabajo extremo vuelven crítica cualquier irregularidad.
La denuncia fue elevada por la Comisión Interna de UOCRA Proyecto Mariana, que este martes convocó a una asamblea informativa en el sitio de trabajo, con la presencia de operarios del Parque Solar -a cargo de la firma SUMP INDASA- quienes se solidarizaron con sus compañeros entre las 8:00 y las 10:00 horas.
El reclamo, además de la falta de pago, incluye la ausencia de aportes previsionales, ya que la contratista no presentó el formulario F931, lo que representa una grave vulneración de los derechos laborales de los obreros. «Ante la falta de respuesta por parte de la empresa FCS, se resuelve continuar con el reclamo hasta obtener una solución favorable para los trabajadores», señala el comunicado firmado por Luis Caballero, delegado regional de UOCRA Puna, junto a Gerardo Martínez y Rubén Pronotti, dirigentes de la conducción nacional del gremio.
Ubicado a 3.750 metros de altura sobre el nivel del mar, en el Salar de Llullaillaco, el Proyecto Mariana representa uno de los polos más prometedores para la extracción de litio en Salta. Pero esa promesa no se traslada a las condiciones laborales de sus trabajadores, que denuncian incumplimientos en un contexto de aislamiento geográfico extremo: el yacimiento está a 430 kilómetros de la ciudad de Salta y a 95 kilómetros del pueblo más cercano, Tolar Grande.
En ese contexto, la falta de pago y de aportes jubilatorios no solo genera incertidumbre económica, sino que pone en riesgo la seguridad social y el acceso a derechos básicos como la salud, en una zona donde los servicios son limitados y el trabajo en altura exige controles constantes.
Sanciones posibles
Según el régimen legal argentino, una empresa minera que no cumple con sus obligaciones salariales y previsionales puede enfrentar severas sanciones.
De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, las consecuencias para las empresas que incurren en este tipo de incumplimientos incluyen:
Multas económicas graduadas por el Ministerio de Trabajo.
Acciones judiciales, donde los trabajadores pueden considerarse despedidos y reclamar indemnizaciones, intereses y multas por mora.
En caso de estar inscriptas en el régimen de promoción minera, pueden ser sancionadas con:
Multas de hasta 200 salarios mínimos
Suspensión de beneficios fiscales
Y hasta la expulsión del régimen promocional, lo que representa un fuerte revés económico.
El precedente más reciente lo marcó el caso de Minera Santa Cruz S.A., que fue condenada por la justicia laboral tras haber firmado un acuerdo para reducir sueldos durante la pandemia. El fallo declaró la nulidad del acuerdo y obligó a la empresa a pagar indemnizaciones plenas.
Hasta el momento, la firma FCS Mariana Solar no ha emitido declaraciones públicas ni ha ofrecido una respuesta concreta al reclamo de UOCRA. Desde el sindicato advirtieron que las medidas de fuerza continuarán si no se garantizan los pagos y aportes adeudados. La situación pone en evidencia una tensión creciente en la industria minera, donde la búsqueda del «oro blanco» del siglo XXI convive con reclamos laborales básicos aún sin resolver.
