El debate por el Presupuesto 2026 se intensifica en el Congreso. El ministro del Interior, Diego Santilli, advirtió que si no se logra derogar las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, el Ejecutivo aplicará un ajuste en otras partidas para garantizar el objetivo de déficit cero. La declaración llega tras el rechazo en Diputados del capítulo XI, que contemplaba la eliminación de ambas normas.
Mientras el Senado se prepara para discutir el proyecto este viernes, Santilli señaló que “los argentinos deberíamos bregar por tener Presupuesto” y confió en que la mayoría de gobernadores y senadores acompañarán la iniciativa oficialista. El Gobierno desplegó una estrategia para convencer a legisladores provinciales y asegurar la sanción definitiva.
En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario cuestionó que áreas como Salud, Educación y Discapacidad registren aumentos “muy por encima de la inflación”. Según Santilli, las leyes de emergencia aprobadas por el Congreso “configuran un exceso de norma” y generan un marco regulatorio que, llevado al extremo, podría habilitar hasta 1,6 millones de nuevas pensiones por discapacidad.
El ministro reconoció que dentro del oficialismo persiste el debate entre derogación y corrección de las leyes. “Si eso no prospera, lo que tenés que hacer es empezar a ajustar de otras partidas”, sostuvo, aunque también planteó la necesidad de “un camino de diálogo y corrección” en la materia.
El conflicto se agrava con la decisión de la Justicia Federal, que otorgó una cautelar para actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales. El fallo del juez Martín Cormick obliga a cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, suspendida por el Decreto 795/2025 del Ejecutivo.
La resolución judicial responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció el impacto de la suspensión sobre el funcionamiento del sistema educativo y el derecho a la educación. El planteo subrayó que la falta de actualización salarial y de becas profundiza la pérdida del poder adquisitivo y compromete la autonomía universitaria.
En este escenario, el Gobierno enfrenta un doble frente: la presión legislativa para aprobar el Presupuesto con déficit cero y la obligación judicial de garantizar recursos para universidades y discapacidad. El desenlace del debate en el Senado será clave para definir el rumbo económico y social del país en 2026.
✍️ Redacción Diario Inclusión
