El acto de Javier Milei en el Movistar Arena de Villa Crespo, realizado el pasado 6 de octubre, generó un fuerte revuelo político por su magnitud y costo. Según estimaciones de productores de eventos, el despliegue técnico, logístico y de seguridad habría superado los USD 300.000, aunque algunos cálculos elevan la cifra a medio millón de dólares.
El evento reunió a más de 11.500 personas, movilizadas en 300 micros desde el conurbano bonaerense y provincias como Corrientes y Santa Fe. El operativo incluyó luces, pantallas, sonido profesional y más de 300 efectivos de seguridad, en lo que muchos calificaron como un “show político disfrazado de presentación de libro”.
Desde la Coalición Cívica, la diputada Marcela Campagnoli presentó un pedido de informes al jefe de Gabinete Guillermo Francos, exigiendo conocer quién pagó el alquiler del estadio, los servicios técnicos y el transporte. “El Estado no puede financiar actos partidarios ni espectáculos personales mientras el país se hunde”, advirtió.
En paralelo, la diputada Margarita Stolbizer solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre los gastos, contratos y posibles conflictos de interés. El pedido incluye copias de facturas, comprobantes de pago y documentación sobre la participación de sponsors o aportantes privados.
Una versión inquietante circula en los pasillos políticos: la familia Kovalivker, dueña de una droguería investigada por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, habría financiado parte del acto. El vínculo se refuerza por la participación de Hojas del Sur, editorial que publicó libros de Eduardo Kovalivker y organizó el evento junto a La Derecha Fest.
La coincidencia entre los organizadores del acto y los protagonistas de causas judiciales genera suspicacias. En un contexto de ajuste fiscal, recortes en salud y educación, y exigencias de austeridad, el despliegue libertario aparece como una contradicción política difícil de justificar.
Mientras el oficialismo guarda silencio, la oposición exige explicaciones. El acto de Milei, lejos de ser solo una puesta en escena, se convirtió en un símbolo de la tensión entre discurso y práctica, y en un nuevo foco de conflicto institucional.
Redacción Diario Inclusión
