En plena crisis sanitaria y mientras el Congreso debate la emergencia pediátrica, trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron que el Gobierno nacional habría desviado más de $40.000 millones del presupuesto hospitalario hacia un fondo común de inversión. La suma representa cerca de un cuarto del presupuesto total del centro pediátrico de referencia.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan reveló que el Consejo de Administración, alineado con el ministro de Salud Mario Lugones, mantiene esos fondos en un FCI del Banco Nación. Según el balance financiero de 2024, al 31 de diciembre la inversión superaba los $44.000 millones, incluyendo intereses acumulados.
Norma Lezama, secretaria general de la APyT, denunció que esos recursos provienen del “tercer pagador”, es decir, lo que el hospital cobra a obras sociales y prepagas por prácticas médicas. “Ese dinero debería destinarse a infraestructura y salarios, no a timba financiera”, afirmó con dureza.
La polémica se intensificó tras un pedido de información pública impulsado por la diputada Victoria Tolosa Paz, quien cuestionó el uso del superávit hospitalario. “Le quitaron recursos propios al Garrahan y los metieron íntegramente en una cuenta de inversión del Nación”, denunció la legisladora.
Los trabajadores exigen explicaciones al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades. “Ese dinero tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores”, reclamó Lezama, en medio de paros y movilizaciones por mejoras salariales y presupuestarias.
La administración del hospital depende directamente de Lugones, considerado uno de los ministros más cercanos a Santiago Caputo. El vínculo entre ambos —reforzado por la consultora Move, que compartieron sus hijos— agrega un componente político a una denuncia que ya sacude el ámbito sanitario.
Redacción Diario Inclusión
