La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó un fuerte conflicto con el sector privado al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos, mecanismo que las empresas utilizan para compensar pérdidas en el cálculo de Ganancias. La medida, impulsada por los funcionarios Carlos Guberman y Claudia Balestrini, busca recaudar cerca de USD 3.000 millones adicionales, pero fue rechazada por la Unión Industrial Argentina (UIA) y por las principales corporaciones del país.
El caso tomó mayor dimensión cuando YPF decidió alinearse con la postura oficial y reconocer una deuda fiscal millonaria, convirtiéndose en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación de ARCA. Para el resto del sector privado, esta decisión implica un precedente riesgoso y eleva la incertidumbre jurídica, al considerar que se estarían cobrando impuestos sobre ganancias ficticias.
La controversia derivó en un clima de tensión política y empresarial. Varias compañías evalúan llevar el conflicto a la Justicia, argumentando que la medida contradice fallos previos que reconocen la actualización por inflación para evitar efectos confiscatorios. En paralelo, trascendió que Juan Pazo, titular de ARCA, presentó su renuncia y el Gobierno analiza reubicarlo en otra dependencia, en medio de fricciones internas en el Palacio de Hacienda.
En los despachos oficiales reconocen que la “operación quebrantos”, pensada para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: generó resistencia empresarial, reacciones judiciales y expuso el desorden de la gestión tributaria. La contradicción es aún mayor frente a la anunciada baja de Ganancias incluida en la reforma laboral, lo que profundiza la desconfianza del sector privado.
La crisis deja en evidencia la tensión entre la urgencia fiscal del Estado y la necesidad de garantizar seguridad jurídica para atraer inversiones, en un contexto de inflación persistente y creciente malestar empresario.
✍️ Redacción Diario Inclusión.
