El protocolo establece un marco normativo para que las fuerzas federales puedan intervenir en el ciberespacio mediante identidades ficticias, denominadas “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales”. Estas figuras actuarán exclusivamente en causas judiciales autorizadas, con estrictas medidas de confidencialidad y control institucional.
Una de las principales novedades es la creación de un “Registro de Avatares”, que permitirá planificar el uso de perfiles falsos para apoyar investigaciones penales. El agente designado deberá presentar una nota de aceptación del cargo y elegir los datos biográficos ficticios que utilizará en su misión. Estos serán registrados bajo un código de seguridad único.
El protocolo también contempla que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) pueda emitir documentación física o digital respaldatoria para las identidades ficticias, si la investigación lo requiere. La protección de estos datos será obligatoria para todos los funcionarios involucrados, y su filtración podría implicar sanciones penales.
Además, se establece que una vez finalizada la misión, la identidad ficticia deberá ser eliminada de todas las bases de datos. Solo en casos excepcionales podrá reutilizarse, siempre que no se haya revelado su naturaleza y no se comprometa la seguridad del agente.
La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por Bullrich, como el ciberpatrullaje preventivo y la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. También se conformó un Consejo Académico Asesor para capacitar a los agentes encubiertos, presidido por el juez federal Ricardo Basílico.
Desde el oficialismo, se defiende la reforma como una modernización de las fuerzas de seguridad, alineada con estándares internacionales. Sin embargo, sectores opositores advierten sobre posibles vulneraciones a la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso judicial.
Redacción Diario Inclusión
