Los incendios forestales volvieron a golpear con fuerza a la Patagonia, especialmente en la Comarca Andina de Chubut, donde miles de hectáreas de bosques nativos fueron arrasadas, decenas de viviendas quedaron destruidas y numerosos animales murieron. En medio de este escenario, brigadistas y bomberos denuncian que el Gobierno nacional redujo drásticamente los recursos para enfrentar la emergencia.
El Presupuesto 2026 establece que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con $20.131 millones, lo que representa una caída real del 69% respecto a 2023 y del 78,5% respecto a 2025. Organizaciones ambientalistas alertaron que la medida deja al organismo sin capacidad suficiente para enfrentar los incendios, que cada año se vuelven más intensos y frecuentes.
La crítica se suma a la subejecución de partidas en 2024 y 2025, cuando el Gobierno dejó sin utilizar miles de millones de pesos que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento y capacitación de brigadistas. Según los informes, en 2024 se ejecutó apenas el 22% del presupuesto, pese a que fue el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.
El comunicado firmado por entidades como Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Abogados Ambientalistas advierte además que las metas físicas del SNMF se reducen: las horas de vuelo previstas para combatir incendios pasarán de 5.100 en 2023 a 3.100 en 2026, y los informes de alerta temprana caerán de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026.
La polémica se agrava con el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, quien confirmó que el Gobierno buscará derogar la Ley de Manejo del Fuego, aprobada en 2020. Esa norma prohíbe modificar el uso de tierras afectadas por incendios durante un período de 30 a 60 años, para evitar la especulación inmobiliaria y productiva en zonas arrasadas por el fuego.
El presidente Javier Milei ya había prometido eliminar la ley al inicio de su gestión, y legisladores libertarios presentaron un proyecto en ese sentido. Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes críticas. El diputado Máximo Kirchner, autor de la norma, pidió al mandatario que desista de su plan y advirtió: “La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo para expulsar productores y entregar tierras al negocio inmobiliario o tecnológico. Negocio para pocos, desastre para muchos”.
En medio del drama ambiental y social que atraviesa la Patagonia, brigadistas y organizaciones reclaman mayor inversión y políticas preventivas, mientras el Gobierno insiste en reducir fondos y avanzar con la derogación de una ley clave para proteger los bosques nativos.
✍️Redacción Diario Inclusión.
