En la mañana del miércoles, la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la casa de Fred Machado, ubicada en las afueras de Viedma, Río Negro. El operativo se enmarca en la causa por presunto lavado de dinero que involucra al ex candidato bonaerense José Luis Espert, quien reconoció haber recibido USD 200.000 del empresario.
La denuncia fue presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien pidió investigar si los fondos entregados por Machado —acusado de narcotráfico y actualmente detenido con fines de extradición a Estados Unidos— provienen de una organización criminal juzgada en Texas. El fiscal federal Federico Domínguez imputó formalmente a Espert y el juez Lino Mirabelli delegó la causa.
Machado cumplía prisión domiciliaria en la residencia allanada, pero fue trasladado a una celda de la Delegación Viedma de la PFA, mientras el Servicio Penitenciario Federal define su destino antes de la extradición. En entrevistas recientes, el empresario admitió su vínculo con Espert y confirmó los pagos realizados.
La investigación busca determinar si el dinero recibido por Espert configura una maniobra de lavado de activos, en los términos del artículo 303 del Código Penal. La causa podría escalar a nivel internacional, dado el perfil del empresario y la gravedad de los delitos que se le imputan en Estados Unidos.
El allanamiento incluyó el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y registros financieros que podrían aportar pruebas sobre el circuito del dinero. Fuentes judiciales confirmaron que se trata de una causa “sensible” por sus implicancias políticas y transnacionales.
Desde el entorno de Espert no hubo declaraciones oficiales, aunque su renuncia a la candidatura en la provincia de Buenos Aires fue interpretada como un intento de descomprimir la presión judicial. El caso suma tensión al escenario electoral y pone en jaque la transparencia del financiamiento político.
La Justicia avanza con cautela, pero con firmeza. El allanamiento en Viedma marca un nuevo capítulo en la trama que vincula a empresarios, candidatos y fondos de dudosa procedencia. La causa promete repercusiones institucionales de alto impacto.
Redacción Diario Inclusión
