La reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei genera escepticismo entre los gobernadores y el sector empresarial. Según fuentes provinciales, el proyecto no apunta a transformar estructuralmente el sistema de empleo argentino, sino a enviar una señal de respaldo político a los mercados y a organismos internacionales como el FMI y el gobierno de Estados Unidos.
En este contexto, los mandatarios provinciales dejaron de hablar de “reforma” y comenzaron a referirse a la iniciativa como una “modernización laboral”. La percepción generalizada es que la Casa Rosada busca mostrar que Milei tiene capacidad de construir consensos legislativos, más que introducir cambios de fondo que impulsen la creación de empleo.
Uno de los puntos que más ruido genera es la falta de participación de los grandes empresarios en la elaboración del proyecto. Desde Córdoba, por ejemplo, señalan que “no la piden Pagani o Urquía, la piden las pymes”. La redacción del texto está a cargo del Ministerio de Capital Humano, con Julio Cordero y Miguel Punte al frente.
Para dotar de legitimidad a la propuesta, el Gobierno prevé que el Consejo de Mayo —órgano multisectorial impulsado por Milei— sea el encargado de presentarla en el Congreso a mediados de diciembre. Allí están representados los gobernadores (Alfredo Cornejo), la CGT (Gerardo Martínez) y la UIA (Martín Rapallini).
Sin embargo, tanto en las provincias como en el llamado “Círculo Rojo” empresarial, preocupa la ausencia de una negociación amplia y transparente. “Nos tendríamos que estar revoleando sillas si fuera una reforma fundacional”, ironizó un asesor cercano a un gobernador, en alusión a la falta de debate real sobre el contenido del proyecto.
Según trascendidos, el borrador mantendría las indemnizaciones por despido, pero avanzaría sobre convenios por empresa, salarios dinámicos y el derecho de huelga. La propuesta aún está en revisión y será presentada formalmente tras la renovación del Congreso en diciembre.
Mientras tanto, el oficialismo insiste en que la reforma busca dinamizar el mercado laboral y formalizar el empleo. No obstante, la falta de consensos y la desconfianza entre actores clave anticipan un debate legislativo complejo y con final abierto.
✍️ Redacción Diario Inclusión
