Los legisladores accedieron a dos movimientos clave: u$s300.000 entre el 19 y 30 de noviembre de 2024 y u$s250.000 el 17 de enero de 2025, ambos previos a la difusión oficial de $LIBRA por parte del Presidente. La hipótesis parlamentaria apunta a un acuerdo para monetizar su imagen sin vulnerar la Ley de Ética Pública.
La investigación se vio entorpecida por la inasistencia de funcionarios y empresarios citados, lo que obligó a concentrar el análisis en transacciones anteriores al 14 de febrero, fecha en que Milei promocionó la criptomoneda. «Es inaudito que ningún funcionario se haya presentado», denunció el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro.
Además, se detectaron movimientos desde Binance hacia cuentas en OKX, Bybit y Bitget, y se enviaron oficios a esas plataformas. Un dato que generó sospechas fue el retiro de bolsos por parte de familiares de Novelli en una sucursal bancaria el 17 de febrero, apenas días después del colapso de $LIBRA.
La tensión con el Poder Judicial escaló. Diputados evalúan denunciar al fiscal Eduardo Taiano y al juez Marcelo Martínez de Giorgi por obstaculizar el acceso al sumario y negar el uso de la fuerza pública para citar funcionarios. El requerimiento podría llegar a la Corte Suprema.
También se analizan denuncias por incumplimiento de deberes contra Alejandro Melik (OA), María Florencia Zicavo (Justicia), Roberto Silva y Sergio Morales (CNV), y Paul Stark (UIF). «La impunidad está garantizada por una justicia cómplice», sostuvo la diputada Sabrina Selva.
En paralelo, la causa en Estados Unidos avanza bajo la carátula de “asociación ilícita continuada”. La jueza Jenifer Rochon recibió un pedido de ampliación que vincula a Milei y Davis como parte de un esquema regional de defraudación. Se investigan nuevos movimientos de exchanges en América Latina.
✍️ Redacción Diario Inclusión.
