El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 697/2025 la entrada de tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al territorio argentino entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. La medida, que habilita el desarrollo del ejercicio “Tridente” en bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, fue tomada sin el aval previo del Congreso, como exige la Constitución Nacional.
El decreto también autoriza la salida de tropas argentinas hacia Chile para participar del ejercicio “Solidaridad”, enfocado en la coordinación ante catástrofes naturales. Este despliegue se enmarca en un acuerdo bilateral firmado en 1997, aunque la forma de aprobación por decreto genera cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
Desde Casa Rosada justificaron la decisión alegando “la naturaleza excepcional de la situación”, que haría imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. No obstante, el Congreso aún puede rechazar el DNU si ambas cámaras lo desaprueban, tras dictamen de la Comisión Bicameral.
El contingente estadounidense estará compuesto por 30 efectivos de la Naval Special Warfare (NSW), unidad de élite especializada en operaciones marítimas, antiterrorismo y rescate de rehenes. El objetivo declarado es realizar entrenamientos conjuntos de asistencia humanitaria y mejorar la interoperabilidad con la Armada argentina.
El decreto también menciona la “integración doctrinal” entre ambas fuerzas, y advierte que no participar en estos ejercicios “afectaría significativamente el adiestramiento” de las tropas nacionales. Además, se busca consolidar vínculos políticos y estratégicos en la región, en un contexto de creciente cooperación militar con EE.UU.
La decisión reaviva el debate sobre el rol del Congreso en la autorización de tropas extranjeras y el uso de decretos de necesidad y urgencia para temas sensibles. Mientras tanto, sectores opositores ya anticipan que buscarán frenar la medida en el recinto legislativo.
Redacción Diario Inclusión.
