La iniciativa del Tesoro norteamericano, que incluye un swap por USD 20.000 millones y la compra de bonos argentinos, fue celebrada por el gobierno de Javier Milei como un respaldo estratégico. Sin embargo, desde Unión por la Patria y otros espacios legislativos se presentó un proyecto para declarar nulo cualquier empréstito que no sea avalado por el Parlamento.
Máximo Kirchner, junto a Nicolás Massot, Marcela Pagano y Oscar Agost Carreño, impulsó una resolución que reafirma las atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento externo. “La soberanía está en juego y la transparencia es una obligación”, señalaron en el texto.
El proyecto exige que el Ejecutivo remita toda la documentación vinculada al acuerdo con el Tesoro estadounidense, incluyendo compromisos asumidos como condición para el otorgamiento del préstamo. También propone modificar la ley Guzmán para endurecer los controles sobre la toma de deuda.
Desde el oficialismo, en cambio, se busca avanzar con el entendimiento sin pasar por el Congreso, apelando a mecanismos bilaterales que eviten el debate legislativo. Esta estrategia fue criticada por el senador Martín Lousteau, quien advirtió que se intenta diseñar un salvataje “con el mínimo costo para Estados Unidos” y sin controles institucionales.
El diputado Eduardo Valdés fue categórico: “Todo acuerdo de Argentina con otro país debe pasar por el Congreso. No puede hacerse entre gallos y medianoche”. La oposición reclama que el canciller Gerardo Werthein y el ministro Luis Caputo se presenten ante el Parlamento para explicar los alcances del acuerdo.
La tensión política crece en paralelo al deterioro económico. Mientras el gobierno celebra el respaldo de Trump y Bessent, el Congreso se prepara para dar batalla por la institucionalidad democrática y el control soberano del endeudamiento.
Redacción Diario Inclusión
