El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente luego de declarar públicamente que él mismo “tomó la decisión” de encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La afirmación fue realizada durante una entrevista televisiva el domingo por la noche, y generó un inmediato revuelo político y jurídico.
La denuncia fue presentada por presunto abuso de autoridad e intromisión en el Poder Judicial, dos figuras que podrían configurar una violación grave al principio de división de poderes. La causa aún está en etapa preliminar, pero ya movilizó a sectores del arco político y jurídico que advierten sobre el riesgo institucional de semejante confesión.
La frase de Milei, pronunciada en tono desafiante, fue interpretada como una admisión explícita de interferencia en decisiones judiciales que deberían ser independientes. En un contexto de alta polarización, el gesto fue leído como una provocación directa al kirchnerismo y a los sectores que defienden la autonomía del sistema judicial.
Desde el oficialismo, algunos voceros intentaron relativizar el alcance de la declaración, señalando que se trató de una “metáfora política” o una “expresión de deseo”. Sin embargo, juristas y constitucionalistas remarcaron que el presidente no puede, bajo ningún concepto, atribuirse decisiones que competen exclusivamente al Poder Judicial.
La oposición, por su parte, exigió explicaciones inmediatas y pidió que se investigue si existieron presiones o maniobras para influir en el proceso judicial contra Cristina Kirchner. La expresidenta enfrenta causas por corrupción, pero hasta ahora no había sido condenada con sentencia firme ni privada de su libertad.
El episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de una reforma judicial que el gobierno impulsa con el argumento de “despolitizar la justicia”. Paradójicamente, esta declaración presidencial podría alimentar sospechas de lo contrario: una justicia subordinada al poder político.
La denuncia penal contra Milei abre un nuevo capítulo en la disputa institucional argentina, donde los límites entre lo político y lo judicial parecen cada vez más difusos. El desenlace dependerá de la celeridad y transparencia con que actúe la justicia, y del impacto que este hecho tenga en la opinión pública.
Redacción Diario Inclusión
