La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, enfrenta un nuevo revés judicial. El juez civil de Bariloche, Santiago Morán, dispuso el embargo preventivo sobre su salario y medio aguinaldo en el marco de una demanda por daños y perjuicios, tras el presunto incumplimiento en la entrega de un terreno en el balneario rionegrino de Las Grutas.
La medida alcanza la suma de $40,5 millones, monto reclamado por el denunciante, quien asegura haber adquirido el lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin haber accedido nunca a la posesión del inmueble. El expediente continuará su trámite en la Justicia provincial, mientras se mantienen las retenciones sobre la dieta legislativa de la parlamentaria.
En su resolución, el magistrado consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que implicaría una demora en el proceso. Además, ordenó comunicar la medida a la Cámara de Diputados de la Nación, instruyendo que los descuentos se mantengan hasta cubrir el monto reclamado y que los fondos sean depositados en una cuenta judicial del Banco Patagonia.
Villaverde, que ya había dejado su banca como senadora el pasado 3 de diciembre tras afrontar una causa vinculada al narcotráfico en Estados Unidos, no realizó declaraciones públicas luego de conocerse el fallo. En otras causas similares, la legisladora había argumentado que los retrasos en la entrega de lotes se debían a demoras derivadas de la pandemia.
El denunciante, por su parte, presentó pruebas testimoniales para respaldar su reclamo, incluyendo declaraciones de personas que conocieron la operación y de un intermediario que habría participado en el pago de cuotas en efectivo.
Este no es el único expediente que involucra a Villaverde. En los tribunales de San Antonio Oeste se tramita otra causa por presuntas irregularidades en la venta de terrenos del emprendimiento “Tajamar”. Allí, un segundo denunciante reclama un resarcimiento de hasta $100 millones, incluyendo daño moral y sanciones punitivas.
Según el escrito judicial, pese a los pagos efectuados desde 2020, la demandada nunca cumplió con sus obligaciones contractuales: no ejecutó las obras comprometidas ni inició el proceso de escrituración del lote. Con este nuevo embargo, la diputada acumula dos denuncias por incumplimientos en operaciones inmobiliarias, lo que agrava su situación judicial.
✍️Redacción Diario Inclusión
