La Secretaría de Energía habilitó la instalación de 677 MW en baterías de almacenamiento que recién estarán operativas en el verano de 2027. La medida busca cubrir picos de consumo, pero llega tarde y con un costo difícil de justificar.
Entre los adjudicatarios figuran Nicky Caputo, primo del ministro, y Manuel Santos Uribelarrea, empresario vinculado a la causa de los cuadernos. Ambos se quedaron con contratos por miles de dólares mensuales por megavatio, en un proceso de licitación exprés que despertó sospechas.
El precio de la energía almacenada supera ampliamente el promedio del sistema. Mientras el Estado se desentiende del sobrecosto, los usuarios deberán afrontar el impacto directo en sus boletas, que ya vienen acumulando aumentos sostenidos.
La contratación de buques turcos para energía flotante fue descartada, y ahora el Gobierno apuesta a las “pilas gigantes” como plan de contingencia. Sin embargo, expertos advierten que la falta de inversión en redes de transmisión seguirá generando apagones.
Uribelarrea, que admitió pagos al kirchnerismo en sede judicial, presentó una oferta por 180 MW a USD 11.290 por mes por megavatio. Nicky Caputo, por su parte, se adjudicó proyectos en las áreas de Edenor y Edesur con precios similares.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó además nuevos aumentos en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que se suman al encarecimiento del transporte. Un empresario del sector ironizó: “El número ordenador del Gobierno parece ser el 3 por ciento”.
La opacidad del proceso y la concentración de beneficios en manos cercanas al poder refuerzan las críticas sobre el modelo energético actual. En lugar de soluciones estructurales, se multiplican los parches caros y tardíos.
Redacción Diario Inclusión
