El Gobierno nacional oficializó una medida que promete tener un fuerte impacto en el bolsillo de los argentinos: la dolarización del costo de generación eléctrica. Esta decisión, impulsada por la Secretaría de Energía, implica que las tarifas dejarán de calcularse en pesos y pasarán a reflejar directamente el valor del dólar, lo que anticipa un aumento significativo en las boletas de luz y gas.
Según fuentes oficiales, la medida busca transparentar los costos reales del sistema energético y reducir el peso de los subsidios estatales. Sin embargo, el reconocimiento de que esta política derivará en un “tarifazo brutal” encendió las alarmas en sectores sociales, industriales y políticos.
El nuevo esquema comenzará a regir en los próximos meses y afectará tanto a usuarios residenciales como a empresas. Los hogares de ingresos medios y altos serán los más impactados, ya que se prevé una reducción drástica de los subsidios cruzados. En paralelo, se mantendrán algunas ayudas para sectores vulnerables, aunque con criterios más restrictivos.
Desde el Gobierno argumentan que la dolarización es necesaria para atraer inversiones en generación y garantizar el abastecimiento energético. No obstante, especialistas advierten que la medida podría agravar la pobreza energética y generar tensiones sociales, especialmente en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.
El impacto también se sentirá en la industria, donde el aumento de costos energéticos podría traducirse en mayores precios al consumidor y pérdida de competitividad. Las cámaras empresariales ya expresaron su preocupación y pidieron una implementación gradual que contemple la realidad productiva.
En el plano político, la decisión generó divisiones. Mientras sectores afines al oficialismo respaldan la medida como parte de un “sinceramiento económico”, la oposición la califica como un ajuste regresivo que golpea a los sectores medios y populares. El debate promete escalar en el Congreso y en las calles.
Con esta decisión, el Gobierno apuesta a ordenar el sistema energético, pero el costo social y económico de la medida será alto. El desafío será equilibrar eficiencia fiscal con justicia distributiva, en un país donde la energía es un derecho esencial.
Redacción Diario Inclusión
