El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando Bullrich fue consultada sobre la denuncia presentada por su cartera en el marco de la filtración de audios que involucran a Karina Milei y otros funcionarios. La ministra aseguró que “jamás pidió allanar a Rial”, pero el periodista Luis Novaresio le leyó el escrito judicial donde consta explícitamente el pedido.
La denuncia, presentada ante la Justicia Federal, solicita medidas contra Rial y otros comunicadores por la difusión de material considerado sensible. El documento menciona “allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos”, lo que contradice la versión pública de Bullrich.
El momento generó incomodidad en el estudio y viralización inmediata en redes sociales. Rial respondió desde sus plataformas con dureza: “Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario”, afirmó, en referencia al avance del Gobierno sobre la prensa.
La polémica se enmarca en una escalada de tensiones entre el oficialismo y los medios, tras la difusión de audios que comprometerían a figuras clave del entorno presidencial. El Gobierno sostiene que se trata de una operación internacional, mientras la oposición denuncia censura.
Bullrich, visiblemente afectada, intentó desviar el foco hacia la seguridad nacional, pero no logró desmentir el contenido del documento. La contradicción entre su discurso y la denuncia oficial dejó expuesta una estrategia comunicacional fallida.
El caso reaviva el debate sobre la libertad de expresión y el rol del periodismo en contextos de alta sensibilidad política. Organismos de derechos humanos y asociaciones de prensa ya expresaron su preocupación por el uso de herramientas judiciales para intimidar a comunicadores.
En tiempos de crisis institucional, la transparencia y la coherencia son más necesarias que nunca. Y cuando los documentos contradicen las palabras, la credibilidad queda en juego.
Redacción Diario Inclusión
