Durante una charla en el Campus de la Universidad del Salvador en Pilar, Victoria Villarruel fue interpelada por la hija de un trabajador despedido de la empresa ILVA, que cerró su planta dejando a 300 familias sin empleo. La vicepresidenta, lejos de esquivar el reclamo, respondió con firmeza: “Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”.
La escena expuso una grieta interna en el oficialismo, donde Villarruel comienza a marcar diferencias con el presidente Javier Milei en temas sensibles como la crisis laboral. Si bien ratificó su rol legislativo, también dejó entrever su preocupación por el impacto social de las políticas económicas del Ejecutivo.
Días antes, Villarruel había visitado la planta de Fate, afectada por la apertura de importaciones, y expresó su apoyo a la industria nacional. “Escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa”, aclaró, en un gesto que contrasta con el discurso desregulador del presidente.
La respuesta de Villarruel fue interpretada como un intento de preservar su imagen frente a un electorado golpeado por despidos y cierres de fábricas. En tiempos donde Milei se muestra enfocado en la macroeconomía y los acuerdos internacionales, la vicepresidenta aparece como una figura que escucha y recorre el territorio.
El cierre de ILVA se suma a una serie de conflictos laborales en el cordón industrial bonaerense, donde la falta de políticas activas y el ajuste fiscal generan tensión social. La escena en Pilar refleja el malestar creciente y la necesidad de respuestas concretas por parte del Gobierno.
Villarruel, con tono sereno pero firme, dejó claro que no tiene “la lapicera” para revertir despidos, pero sí “la oreja” para escuchar. Su gesto político podría reconfigurar el equilibrio interno de La Libertad Avanza, en medio de una crisis que ya no se puede tapar con promesas de estabilidad.
Redacción Diario Inclusión
