En un gesto que tensiona la relación con la Casa Rosada, el gobernador cordobés Martín Llaryora anunció un incremento del 84,21% en las jubilaciones mínimas provinciales. El haber pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, convirtiéndose en uno de los más altos del país. Además, se otorgará un bono bimestral de $100.000 para quienes cobren hasta $1.300.000.
La medida fue presentada como parte de una política de “reparación social” y se financiará con fondos que la provincia comenzó a recibir de Nación, en el marco de la devolución de recursos previsionales. “No vamos a mirar para otro lado mientras nuestros adultos mayores sufren”, expresó Llaryora en conferencia de prensa.
El anuncio se produce en medio de un clima de creciente malestar social por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo. Mientras el gobierno nacional sostiene un modelo de ajuste y recorte de transferencias, Córdoba decide avanzar con una política expansiva que busca contener a los sectores más vulnerables.
Desde el oficialismo provincial se interpreta la medida como una forma de marcar diferencias con la gestión de Javier Milei. “No todo se resuelve con mercado. Hay que estar al lado de la gente”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social cordobés, en clara alusión al enfoque libertario del Ejecutivo nacional.
La oposición local, en cambio, cuestionó el uso de fondos nacionales para financiar el aumento, y advirtió sobre la sostenibilidad fiscal de la medida. Sin embargo, el gobierno provincial asegura que el esquema es viable y que se mantendrá mientras continúe la recuperación de recursos previsionales.
El anuncio fue celebrado por organizaciones de jubilados y sindicatos, que ven en la medida un reconocimiento a años de reclamos. “Es un alivio en medio de tanta incertidumbre”, expresó la titular del Centro de Jubilados de Córdoba, quien pidió que el ejemplo se replique en otras provincias.
Con este movimiento, Llaryora refuerza su perfil político y se posiciona como uno de los gobernadores con mayor iniciativa social en el país. En un contexto de ajuste y conflictividad, Córdoba apuesta a una política de ingresos que podría reconfigurar el mapa de alianzas y tensiones en el escenario nacional.
Redacción Diario Inclusión
