La recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal introdujo, entre otras modificaciones al sistema tributario argentino, un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias con el objetivo de facilitar la liquidación del tributo y ofrecer mayor previsibilidad a los contribuyentes. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elabora una declaración jurada basada en la información de cada contribuyente, la cual puede ser aceptada o modificada por éste.
Según especialistas consultados, aunque el nuevo régimen tiene aspectos positivos —como la promesa de no realizar análisis patrimoniales tras la conformación de la DJ— existen riesgos latentes que podrían complicar a quienes se sumen al sistema.
Una de las principales diferencias entre este esquema y un blanqueo tradicional es que no ofrece un blindaje absoluto: se lo ha comparado con un “tapón fiscal”, lo que implica que si ARCA detecta discrepancias significativas entre lo declarado y la realidad económica de un contribuyente, puede poner en riesgo todo el patrimonio no explicado.
Los especialistas advierten que esta situación puede darse, por ejemplo, cuando se computan gastos basados en comprobantes que luego resultan apócrifos o son cuestionados por el fisco, algo que puede escapar al control del contribuyente de buena fe.
Otro aspecto señalado como problemático es que las presunciones fiscales aún pueden operar: ARCA podría ajustar declaraciones si presume ingresos no declarados, lo que, según los expertos, podría debilitar la previsibilidad y confianza que busca el régimen simplificado.
Además, los tributaristas aclararon que el régimen no es accesible para todos: solo pueden adherir contribuyentes que ya estén en Ganancias y presenten declaraciones juradas, por lo que monotributistas o empleados sin obligación de presentar DJ quedarían excluidos.
Finalmente, la efectividad del nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo actúe ARCA, con criterios claros y aplicación razonable, y de una coordinación normativa con otras agencias de control para evitar choques regulativos, como los que pueden surgir entre requerimientos tributarios y normas antilavado.
✍️ Redacción Diario Inclusión
