El Ejecutivo presentó ante el Consejo de Mayo el borrador de la nueva normativa, que redefine al Estado como “subsidiario” y coloca a la familia como agente primario de la educación. La iniciativa abarca desde el nivel inicial hasta la secundaria, mientras que la educación superior no sufriría modificaciones.
Uno de los puntos más polémicos es la habilitación del home schooling, junto con modalidades híbridas y a distancia, sin fijar edad mínima. Los estudiantes que opten por esta alternativa deberán acreditar aprendizajes mediante exámenes periódicos.
El proyecto también abre la puerta a la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. Además, cada institución podrá diseñar planes de estudio propios, siempre que respeten los contenidos mínimos comunes.
En cuanto a la carga horaria, se establece un mínimo de 540 horas anuales en nivel inicial y 720 en primaria y secundaria, cifras inferiores a los acuerdos federales de 2024. Las escuelas dispondrán de un 25% del tiempo escolar para contenidos autónomos.
La propuesta declara la educación básica como servicio esencial, lo que obliga a garantizar actividades mínimas durante medidas de fuerza. También otorga autonomía institucional para definir gobierno interno, régimen de personal, administración de recursos y criterios de admisión.
En materia de financiamiento, se elimina la meta histórica del 6% del PBI y se plantea que el Estado intervenga solo de manera complementaria. Se equipara el acceso a fondos entre instituciones estatales y privadas, y se prevén asignaciones directas a familias y estudiantes mediante becas o vales educativos.
Finalmente, la carrera docente se modifica: la estabilidad estará vinculada al desempeño, la formación continua y evaluaciones obligatorias cada cuatro años. El debate promete abrir una fuerte discusión en el Congreso y en la sociedad sobre el futuro del sistema educativo argentino.
✍️ Redacción Diario Inclusión
