La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta una traba tecnológica inesperada. El celular de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, no puede ser desbloqueado por la empresa israelí Cellebrite, especializada en extracción de datos de dispositivos móviles. El aparato, un Samsung de última generación, resiste los intentos de acceso.
Kovalivker está implicado en la causa que se originó tras la filtración de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se hablaba abiertamente de “retornos” y presiones para ejecutar recortes en pensiones por discapacidad. La Justicia busca acceder al contenido del teléfono para verificar comunicaciones, transferencias y posibles vínculos con funcionarios.
El fiscal Franco Picardi derivó el dispositivo a la Dirección de Apoyo Técnico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, y solicitó asistencia internacional. Sin embargo, Cellebrite respondió que no cuenta con la tecnología necesaria para vulnerar la seguridad del modelo en cuestión.
El celular fue secuestrado durante un allanamiento en Nordelta, donde Kovalivker fue encontrado intentando abandonar su domicilio con sobres que contenían USD 266.000 y $7.000.000 en efectivo. También se le retuvo el pasaporte, en medio de sospechas de fuga.
La imposibilidad de acceder al teléfono genera preocupación entre los investigadores, que consideran que allí podría encontrarse información clave sobre el entramado de coimas, licitaciones irregulares y presiones a prestadores del sistema de salud pública.
Mientras tanto, el Gobierno intenta despegarse del escándalo, aunque las conexiones entre Spagnuolo, Kovalivker y funcionarios de alto rango siguen saliendo a la luz. La causa ya derivó en más de veinte allanamientos y mantiene en vilo a la Casa Rosada.
La tecnología, en este caso, se convierte en aliada del silencio. El celular blindado de Kovalivker se transforma en símbolo de una trama que aún no logra ser descifrada, pero que ya dejó expuesta la fragilidad institucional del sistema de discapacidad en Argentina.
Redacción Diario Inclusión
