El organismo que dirige Esteban Leguízamo, bajo la órbita del ministro de Salud Mario Lugones, modificó el sistema de compras en agosto: pasó de permitir que cada profesional adquiriera los lentes a centralizar la operación mediante una licitación masiva. El resultado fue un incremento descomunal en los costos.
Según el informe revelado por TN, el PAMI paga entre $150.000 y $300.000 por cada lente, cuando el precio de mercado ronda los $35.000. En un caso extremo, se detectó que la obra social abonó $279.704 por un lente cotizado originalmente en $28.249.
El gremio ATE denunció que esta maniobra no solo implica sobreprecios, sino también “retornos” y la compra de insumos de menor calidad. Rodolfo Aguiar, titular del sindicato, fue contundente: “Centralizaron las compras para robar. Los jubilados están sufriendo afecciones graves por productos defectuosos”.
La situación generó alarma entre los oftalmólogos prestadores, que comenzaron a reprogramar cirugías por falta de insumos adecuados. La crisis sanitaria se agrava en un contexto donde el PAMI ya venía golpeado por el escándalo de coimas en la ANDIS y la tragedia del fentanilo contaminado.
Desde el PAMI intentaron justificar los valores alegando que otras obras sociales pagan incluso más por los mismos productos. Sin embargo, la falta de controles y auditorías desde el inicio de la gestión de Milei refuerza las sospechas de corrupción estructural.
El ministro Lugones, señalado como protegido de Santiago Caputo, vuelve al centro de la polémica. Su gestión acumula denuncias por desvío de fondos, negligencia sanitaria y ahora, sobreprecios multimillonarios que afectan directamente a los jubilados.
La indignación crece entre los sectores más vulnerables, mientras el Gobierno insiste en defender un modelo que, lejos de transparentar, parece institucionalizar el saqueo.
Redacción Diario Inclusión