En una jornada cargada de tensión política, el Gobierno nacional promulgó dos leyes fundamentales: la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas habían sido previamente vetadas por el presidente Javier Milei, pero el Congreso logró revertir esa decisión, obligando al Ejecutivo a oficializarlas. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida, generando incertidumbre en los sectores involucrados.
La Ley de Emergencia Pediátrica busca reforzar el sistema de salud infantil, especialmente en hospitales públicos como el Garrahan, que atraviesan una situación crítica por falta de insumos y personal. Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario apunta a garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales, afectadas por recortes presupuestarios que comprometen su operatividad.
A pesar de la promulgación, el Gobierno decidió postergar la ejecución de ambas normas hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. Esta medida fue comunicada a través del Boletín Oficial, generando malestar entre rectores universitarios, profesionales de la salud y organizaciones sociales que ven en esta decisión una maniobra dilatoria.
Desde el oficialismo argumentan que no pueden avanzar sin respaldo presupuestario claro, mientras que la oposición denuncia una estrategia para desactivar el impacto político de las leyes. “Es una forma de vetarlas sin decirlo”, señalaron legisladores críticos del gobierno libertario.
La comunidad universitaria ya había protagonizado masivas movilizaciones en defensa de la educación pública, y se espera que esta nueva postergación reactive las protestas. En el ámbito sanitario, médicos y trabajadores del Garrahan advierten que la emergencia pediátrica no puede esperar, y que la demora pone en riesgo la atención de miles de niños.
Ambas leyes fueron impulsadas por amplios consensos legislativos y sociales, y su suspensión genera un fuerte debate sobre la voluntad del Ejecutivo de cumplir con el mandato constitucional. La tensión entre poderes se agudiza, mientras crece la presión ciudadana para que se respeten los derechos básicos de salud y educación.
Redacción Diario Inclusión.
