Un nuevo apagón dejó sin electricidad a vastas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense, en lo que ya se considera el segundo corte masivo en apenas dos semanas. La falla se originó en la subestación Morón de Edenor, que dejó fuera de servicio cuatro líneas de alta tensión, afectando barrios como Palermo, Colegiales, Cañitas, Almagro, Devoto y Flores, en plena jornada de calor extremo con temperaturas de 36 grados.
El episodio vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico argentino. A pesar de los aumentos tarifarios autorizados por el gobierno de Javier Milei y la eliminación de subsidios, que multiplicaron el costo de la luz para los consumidores, las inversiones en infraestructura siguen paralizadas. Los proyectos AMBA I y AMBA II, que contaban con financiamiento chino por 790 millones de dólares, fueron congelados por decisión política, dejando sin solución la saturación del transporte de alta tensión.
La magnitud del corte fue tal que incluso la página del ENRE, organismo encargado de controlar el servicio, quedó fuera de funcionamiento. A diferencia del apagón del 31 de diciembre, que afectó principalmente a usuarios de Edesur, esta vez el colapso alcanzó también a Edenor, ampliando el impacto sobre miles de hogares y comercios.
El gobierno nacional había optado por una salida de emergencia: la contratación de “pilas gigantes” capaces de inyectar 677 MW al sistema. Sin embargo, esa solución recién estará disponible en 2027 y, además, a un costo exorbitante: más de 150 dólares por mega, más del doble del promedio actual de 70 dólares. Una decisión que, lejos de ser eficiente, expone que “ahorrar” en infraestructura no solo deteriora la calidad de vida de los argentinos, sino que también constituye un mal negocio económico.
Mientras tanto, los usuarios enfrentan aumentos constantes. Según la última resolución del ENRE, desde enero la distribución de Edenor subió un 2,31% respecto de diciembre, y la de Edesur un 2,24%. A esto se suma el incremento del precio mayorista de la energía (PEE), que trepó un 3,88%, consolidando un escenario de tarifas cada vez más altas y servicios cada vez más deficientes.
El contraste es evidente: las empresas acumulan márgenes de ganancias extraordinarios gracias a la liberalización de precios, mientras los consumidores pagan boletas cada vez más abultadas y siguen padeciendo cortes que se repiten y se agravan. La promesa de que la desregulación traería eficiencia y calidad se revela como una falacia, dejando al descubierto que el modelo energético vigente prioriza la rentabilidad empresarial por encima del derecho básico de acceso a la energía.
El apagón histórico de Campana a Recoleta no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un esquema que desmantela la inversión pública y entrega el negocio eléctrico a empresas que, pese a sus fortunas acumuladas, no garantizan un servicio confiable. La crisis energética se convierte así en un espejo de las contradicciones del modelo libertario: precios libres para las compañías, pero oscuridad y calor para los usuarios.
✍️ Redacción Diario Inclusión.
