La información trascendió de 10 provincias, lo que hace que el escándalo se acreciente.
La investigación judicial sobre estafas con los planes sociales tiene otro capítulo con cifras contundentes: más de 8.000 beneficiarios son empleados, incluso de planta permanente, de diez provincias. Una de ellas es Salta que informó que 434 agentes también reciben asistencia del Estado nacional, un hecho incluido entre las incompatibilidades de estos programas de ayuda a sectores vulnerables
El dato surge de la información que los diez distritos le enviaron al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien identificó que 8.535 empleados provinciales hoy son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
Esta información es secuela de la denuncia que en octubre realizó el fiscal Marijuan acerca de que casi 160.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo habían viajado al exterior, incluso en cruceros.
En virtud de esa primera investigación, el funcionario judicial había solicitado en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
Marijuan acusa a los titulares de planes de «presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público».
El mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social durante el anterior gobierno era administrado por el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.
La información que recibió el fiscal Marijuan indica que en la provincia de Tucumán hay 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; en La Rioja son 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
Un caso particular es la provincia de Buenos Aires, ya que allí el gobernador Axel Kicillof ordenó que cada ministro cumpla con la manda judicial. Hasta ahora respondieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.
Marijuan ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la «suspensión y/o baja de planes sociales», en el marco de la causa «Caso Coirón Nro. 234746/2023 .
